La Superintendencia de Educación Escolar está realizando una evaluación a 400 establecimientos que están “en lista amarilla”, por  cometer una serie de infracciones de forma reiterada.

Y el análisis que conduce esta institución podría significar que algunos establecimientos sean sancionados con la “revocación de reconocimiento oficial”, lo que implicaría que algunos liceos o colegios dejen de recibir la subvención y que, además, no se reconozcan las notas que entreguen, lo que derivaría en su eventual cierre.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el superintendente, Manuel Casanueva, explicó que “a comienzos de año estaban en un grupo que definimos como de alto riesgo y, por lo mismo, son establecimientos que ya habían tenido infracciones anteriores y habían sido advertidos que de no cambiar su comportamiento podían ser sancionados hasta con la revocación del reconocimiento oficial o la inhabilidad del sostenedor. Esto se hace con el ministerio porque su rol es ayudar a la reubicación de todos estos alumnos”.

La autoridad del organismo fiscalizador añadió que las faltas más frecuentes son las de instituciones que cuentan con profesores no autorizados para hacer clases en el nivel que las imparten, o que, simplemente, que no poseen un certificado que les permita demostrar los estudios de sus maestros.

Otras tienen que ver con fallas de seguridad o infraestructura y también con cobros de financiamiento compartido, detectándose muchas veces irregularidades entre el registro de asistencia y lo que se está pagando por subvención. El resultado de la evaluación podría estar listo para diciembre y se espera que el número de colegios que reciba la máxima sanción sea bajo.

Y si bien las faltas son graves, esta revocación de reconocimiento ha generado una serie de críticas por parte de distintos actores.

Silvia Valdivia, dirigenta nacional del Colegio de Profesores, indicó que la reubicación de alumnos no es tan sencilla, ya que significa una real “desestructuración de la vida del niño” y, de paso, la profesora apuntó al sistema de financiamiento actual como fuente del problema.

“Es correcto que se haga la fiscalización. No estamos en contra de eso, pero tiene que ser hecha de tal manera que no termine perjudicando a los niños. Para nosotros, más que nada, es el sistema de financiamiento el culpable. Si no existiera la subvención no pasarían estas cosas. Si tu revisas, los errores que cometen son precisamente para burlar la subvención, por eso hay un sistema perverso de educación”, indicó la vocera de los docentes.

Opinión similar manifestó el secretario ejecutivo del Foro Nacional Educación de Calidad para Todos, René Varas.

“Aquí lo que tiene que suceder es que el Estado debe asumir su rol de garantizar el derecho a la educación y aportar un adecuado financiamiento para los establecimientos educacionales y, por lo tanto, entregar recursos para que éstos funcionen según las necesidades que tienen para entregar educación. Actualmente, el valor del voucher fue fijado de manera arbitraria. Hoy está la tarea de cuál es el monto adecuado para que cada establecimiento pueda atender de mejor manera a sus estudiantes”, comentó Varas.

El sociólogo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, afirmó que la Superintendencia sólo tiene la función de asegurarse de que los establecimientos educacionales estén cumpliendo con la ley actual, finalidad para la que fue creada, y no puede aportar soluciones para superar el problema, el que ya está plasmado en la legislación.

En ese sentido, Varas afirmó que hay que preguntarse cuál es la adecuada institucionalidad para la educación pública en Chile.