Las organizaciones de la sociedad civil han cuestionado las cifras de la reconstrucción anunciadas por el Gobierno, en especial el 62% de metas cumplidas en Vivienda, ya que esto no reflejaría los problemas específicos de las localidades.

La primera razón de discordia es el reporte del ministerio de Vivienda, que afirma haber entregado 138 mil 615 soluciones habitacionales, cuando un número importante están terminadas pero no han sido otorgadas formalmente, y cuando además se reportan atrasos relacionados con la calidad de las viviendas o con cambios de sector que perjudican a los afectados.

El viernes pasado, los vecinos de Chiguayante se tomaron las oficinas del Serviu denunciando que, por trámites burocráticos, no han podido recibir sus propiedades. A eso se suman subsidios con extremos requisitos, además de diversas denuncias por mala organización y administración del Servicio.

Desde Dichato, una de las ciudades con mayor índice de avances en reconstrucción, atribuyeron el progreso a la fuerza del movimiento social que se levantó en la zona y que gatilló intensas movilizaciones a mediados del 2011.

Así lo indicó Miguel Barra, del Campamento “El Molino”, quien declaró que “la reconstrucción en Dichato no fue por un buen diálogo con el Gobierno, sino porque tuvimos que salir a la calle a manifestarnos. La Asamblea ha sido un fuerte combatiente, y gracias a ese movimiento la gente se levantó. Dichato es emblemático, y seguirá así, porque esto no se ha terminado”.

Las autoridades anunciaron que cerrarían el campamento El Molino este 27 de febrero, pero hay un grupo de familias que siguen viviendo en mediaguas, quienes no quisieron abandonar sus terrenos ante falta de asistencia estatal. “Pasa en esta y muchas otras de las llamadas aldeas”, aseguró el dirigente.

Tusnelda Urra, Coordinadora del Movimiento Nacional por una Reconstrucción Justa, afirmó que fuera de las ciudades, los mayores retrasos los han vivido las localidades rurales y costeras como Llico.

Así lo confirmó Lautaro Pereira, dirigente de la Asamblea Ciudadana, “el proceso fue muy largo, llevamos tres años de espera. Durante este período tenemos adultos mayores fallecidos por la espera, y pasaremos un invierno más porque las casas no están listas. No se cumplen las metas, hay muchas cifras, pero los afectados vemos que esto va a paso de tortuga”.

El dirigente añadió que en la zona existe un fuerte problema por una expropiación que pretenden realizar en el borde costero para levantar un bosque de mitigación. Este tipo de conflictos estaría ocurriendo en varios sectores, incluso en aquellos que no han sido golpeados por el maremoto, para permitir la instalación de intereses inmobiliarios, aseguró Gustavo Ruz, del movimiento “Talca con Todos”.

En síntesis, existiría un serio problema de falta de información y de participación ciudadana, concluyó el arquitecto Claudio Pulgar, quién es integrante del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile. Además, acusó falta de responsabilidad del sector público en la planificación urbana, al entregar los planes de reconstrucción a empresas privadas en varias ciudades y reiteró la crítica a la gestión comunicacional del gobierno por sembrar expectativas poco realistas.

“Se han generado expectativas que se terminaría muy rápido y no es tan así. Hemos planteado que es un proceso de largo alcance, y era necesario ponerlo más allá de los tiempos políticos, entenderlo como política pública que traspasa administraciones y plantearlo dentro de ocho o diez años. También hay que saber plantear a las familias que esto no es tan rápido y evitar las falsas expectativas”, indicó.

Todo esto explica actos como el de este sábado en Plaza Yungay, denominado “La reconstrucción es un Fraude”. Según anuncian las organizaciones este martes 26 se realizarán vigilias y manifestaciones en los sectores organizados y el miércoles a las 10.30 marcharán hacia La Moneda para entregar una carta a las autoridades, donde exigen una reconstrucción digna y eficaz.