Disconformes quedaron un grupo de ex conscriptos  luego de la reunión que sostuvieron la semana pasada con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Esto, pues el gobierno les entregó una primera propuesta compensatoria que contempla una cifra de 40 millones de dólares, que beneficiaría a  30 mil personas, pese a que el número de conscriptos durante todo el período de la dictadura fue de 391 mil, cifra que según algunos dirigentes incluso llegaría a los 500 mil.

Los senadores Hernán Larraín y Francisco Chahuán hicieron de nexo entre los ex conscriptos y el Ejecutivo por  la demanda de los ex soldados, quienes piden una indemnización debido a la vulneración  de sus derechos fundamentales y previsionales a partir del Golpe de Estado de 1973. Es así como el lunes 25 de marzo el Gobierno empezó a hacerse cargo de una promesa de campaña que el entonces candidato Sebastián Piñera ofreció de resultar electo.

Pese a que el senador de la UDI Francisco Chahuán valoró el gesto de la Moneda, precisó que  “consideramos que si bien por primera vez  el gobierno ha puesto sobre la mesa un monto, creemos que eso todavía es insuficiente para los efectos de poder cumplir con una promesa de campaña. Esto podría beneficiar a un sector muy menor de los conscriptos de los años 73 al 90 y por eso es que sostenemos que acá se puede hacer un esfuerzo mayor”.

El senador Hernán Larraín (RN) coincidió con Chahuán al señalar que “debe hacerse un esfuerzo muy superior al que aquí se ha hecho. Lo que ocurre es que 40 millones de dólares está muy lejano  a satisfacer una parte mínima de lo que en forma ética correspondería pagar por la situaciones que afectaron a los ex conscriptos en ese periodo.”

Hace siete años atrás Fernando Mellado se reunió por primera vez con una organización  de ex soldados conscriptos del 73 que se formó en la quinta región, agrupación que demandaría al Estado  de Chile por el pago de sus imposiciones.

Los ex conscriptos revisaron la Ley  11.170  de conscripción y sus modificaciones posteriores, donde se establece que el servicio militar fluctúa entre 9 y doce meses como máximo. Es por esto que Mellado, quien tenía 17 años de edad al momento del Golpe, se pregunta por qué los conscriptos de esa época y hasta 1990 tuvieron que pagar dos años de servicio.

La misma ley señala que pasados los doce meses automáticamente lo conscriptos pasan a planta, lo que trae aparejado sueldo, horas extras y otros beneficios, cosa que jamás sucedió. Esta situación  de vulneración de derechos fue ratificada por el abogado Nelson Caucoto, quien explicó que “una parte importante de estos conscriptos, fundamentalmente los que están en el tiempo cercano al golpe militar, pueden ser considerados en muchos casos como víctimas, porque fueron utilizados para los efectos de ejecutar actos criminales muchas veces, pero están normalmente exentos de responsabilidad porque estaban en el último eslabón de la cadena de mando”

Cumpliendo órdenes

El ex conscripto Fernando Mellado ingresó al servicio militar en febrero de 1973, a la edad de 17 años, y permaneció en las filas hasta agosto de 1974. Es Presidente de la Agrupación de Santiago y está a la cabeza a nivel nacional de la Agrupación de ex soldados conscriptos entre los años 73 y 90.

Su demanda al Estado y las autoridades exige igualdad ante la ley y la constitución, en cuanto a recibir una pensión y compensación económica  similar a los otros cuatro grupos que han recibido reparaciones: los familiares de detenidos desaparecidos, los exonerados políticos, militares  y militares de planta que fueron dados de baja.

Mellado  coincide con el abogado Nelson Caucoto en cuanto a que su ubicación en el último eslabón de la cadena de mando lo exculpa de responsabilidades ya que, aparte de ser menor de edad, no tuvo la posibilidad de negarse  a cumplir las órdenes, porque de no hacerlo arriesgaba la vida de sus familiares, tal como relata: “ el año 74 el mayor Carreño de la Escuela de Telecomunicaciones me llamó y nombró a mis padres y hermanos, aparte de qué es lo que hacían, cuál era el itinerario de ellos, dónde estudiaban, por dónde caminaban, a la hora que salían, todo con lujo de detalles. A continuación me dijo que si seguía desacatando órdenes o no cumpliéndolas como se me estaba indicando, uno de mis familiares iba a resultar violado y muerto”.

El ex conscripto sostiene que tanto él como sus compañeros manejan información valiosa sobre dónde hay restos de detenidos desaparecidos y quiénes dieron las órdenes dentro de la institución. Pero agrega que a menos que cambien las leyes no hablarán pues temen pasar por cómplices de los delitos, lo que traería aparejado penas de cárcel.

Para Nelson Caucoto, no obstante, “lo que tienen que hacer por mandato moral es entregar esta información”. Según el abogado, los ex conscriptos “constituyen un eslabón importante en el restablecimiento de la verdad de lo que pasó. Se tiene conciencia del lugar jerárquico que ocuparon y que fueron utilizados por los altos mandos. Estaban constreñidos a  ser violentados si es que no cumplían una orden de carácter criminal”. Por lo tanto, finalizó, “ellos están en una situación de inexigibilidad  de otra conducta”.