Desde Washington y en conversación con Radio Universidad de Chile, el ex ministro  Sergio Bitar se mostró tranquilo en relación a los antecedentes que este fin de semana se hicieron públicos y que señalan que tanto él como otras autoridades de la época, como la ex jefa de la división de Educación  Superior Pilar Armanet tenían conocimiento de las irregularidades en la Universidad del Mar en esa época.

La tranquilidad del ex ministro radica en que, según señaló, “se informó al Consejo de Educación Superior que había indicios extraños en esta y otras universidades y le manifestamos la necesidad de que el órgano responsable por ley, es decir el Consejo, pudiera tomar medidas”. Entre éstas últimas, indicó Bitar,  se encuentra la de retirar el reconocimiento al plantel. Ante esto, sostuvo el ex ministro, el  Consejo respondió negativamente.  Por esta razón es que Bitar envió un proyecto de ley al Parlamento para regular a los planteles privados.

En este sentido, el ex ministro de Educación explicó que la oposición de entonces impidió que los proyectos que pretendían fiscalizar a las universidades privadas se aprobaran y que si bien “se tomaron las medidas correctas y se actuó con firmeza, en ese tiempo había senadores designados, y  una oposición de derecha que pensaba que esto se regulaba por el mercado y no por el Estado”. En este sentido, Bitar señaló que  “había una gran diferencia política”.

Bitar añadió que es necesario recordar que “la crisis de la Universidad del Mar de 2012 nace de la acreditación que este Gobierno le dio en 2010, mientras que durante la administración de Bachelet esa acreditación no se concedió”.

Ante una posible citación a la comisión de la Cámara de Diputados, el ex ministro señaló  que si bien  “no corresponde por ley citar,  y que lo corresponde es invitar”, asistirá si es que es necesario.

Respecto de esta situación, el presidente de la Federación de Estudiantes  de la Universidad de Chile Andrés Fieldbaum sostuvo que tanto el ex titular de Educación como la ex jefa de la división educación superior han sido partícipes de los instrumentos que las universidades privadas han utilizado para lucrar.

“Bitar es el inventor del CAE, que ha sido uno de los mecanismos más utilizados por las universidades privadas para lucrar, y la señora Armanet luego fue alta directiva de la Universidad de la Américas, que está apuntada por lucrar. Esto resume la posición de la Concertación durante estos años en el tema de educación superior”.

En este sentido, Fieldbaum  indicó que  cuando los estudiantes ven que “la Concertación  aun tiene militantes que están lucrando, y cuando observan que un día antes de presentar la acusación,  se aprueba  la idea de legislar de una superintendencia que viene a blanquear el lucro, esto confirma que están a favor del lucro en la educación”. Fielbaum agregó que “si es que no votan a favor de la acusación constitucional, eso demostrará que siguen en esa postura”.

“El ministerio es el primer responsable”

Por su parte, la diputada del PPD Cristina Girardi, quien integra la comisión de Educación de la Cámara Baja,  señaló que tanto los ministros de la Concertación como el actual titular de Educación tuvieron la facultad de fiscalizar a las universidades privadas y que la ley los facultó para ello. En este sentido, Cristina Girardi explicitó que “hemos sostenido que todos los ministros pasados y actuales eran responsables de no fiscalizar. Y que la ley efectivamente faculta al Ministerio de Educación de solicitar información. Nunca se elaboraron los reglamentos que tenían que especificar el tipo de información que el Ministerio tenía que solicitar a las universidades”.

La diputada del PPD agregó que “según el artículo 49 de ley 20.129  es la División de Educación Superior de ministerio la encargada de coordinar y de llevar un sistema de información para asegurar la transparencia del sistema y su probidad”. Es por esto que según la parlamentaria “ningún ministro elaboró los reglamentos que hicieran operativa la ley y que especificara la información que las universidades debían entregar”. Por lo tanto, concluyó, “las universidades entregaron lo que quisieron”.

Cristina Girardi recalcó además que el Consejo Superior “puede solicitar el cierre de las universidades a petición del Ministerio de Educación”. En este sentido, finalizó, “quien lleva la batuta de coordinación es el ministerio, y por lo tanto es el primer responsable”.

Opinión contraria es la que tiene el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Romilio Gutiérrez, quien señaló que la institucionalidad vigente no entrega, ahora ni entonces, las herramientas para fiscalizar y que “por eso es necesario que tengamos una institucionalidad que recoja las debilidades que han quedado patentes en las investigaciones”.

El diputado de la UDI sostuvo que es por  esta razón que “la acusación contra el Ministro Beyer no tiene sustento jurídico ni ético, ya que lo que se necesita es una nueva institucionalidad que permita una efectiva fiscalización”.

Por su parte, este lunes y luego de que la Comisión por la acusación constitucional contra el Ministro de Educación sesionara en la sede Santiago del Congreso, el diputado de la DC Fuad Chain, señaló que a partir del estudio de la comisión se encuentra convencido de que “los ministros  tuvieron y tienen facultades y posibilidades de investigar, actuar y sancionar con mayor celo y firmeza respecto del lucro”.