A fines de marzo la Cámara de Diputados de Bolivia despachó una ley que dispuso una tasa cero para el IVA y eliminó los impuestos a las transacciones en el comercio de libros. A mediados de abril el Senado ratificó la medida, que permitiría reducir en un 16 por ciento su costo habitual, según espera el Gobierno de ese país.
De esta manera, hoy solo dos países latinoamericanos mantienen el impuesto al libro: Guatemala, que aplica un IVA de 12 por ciento, y Chile, donde alcanza el 19 por ciento. Naciones como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay, entre otras, no aplican el gravamen.
En este escenario, y cuando aún se realizan actividades por el Mes del Libro que se ha celebrado durante todo abril, vuelve a surgir el debate por la tasa que se añade al valor de los libros en el país. Esto, en un año donde los distintos candidatos presidenciales se encuentran afinando sus programas y sus propuestas para el ámbito de la cultura.
Por eso, distintos actores preparan acciones para que el impuesto al libro sea un tema de discusión durante el debate de los postulantes a La Moneda.
Los gestores de la campaña Libros Sin IVA, que ya suma más de 50 mil adheresntes, pretenden presentar sus propuestas a los distintos comandos y han invitado a los candidatos a un debate para el cual ya han confirmado a dos abanderados.
Marco Antonio Coloma, coordinador de la iniciativa, destacó que Juan Antonio Gómez y Franco Parisi ya se pronunciaron a favor de eliminar la tasa, mientras que Marco Enríquez-Ominami se mostró partidario de un IVA diferenciado.
En ese sentido, dijo que “la idea es conversar con los comandos, exponer los argumentos de la campaña y, por supuesto, intentar que esto se transforme en compromisos presidenciales de los candidatos, ojalá de todos. Así, que lleguen a La Moneda con el tema de libros sin IVA en su programa. Algunos ya se han pronunciado y esperamos que el resto lo haga”.
“Sabemos que aún es temprano y que los candidatos y sus equipos están trabajando, por lo que hay que tener un poco de paciencia y ejercer la presión para que este tema se considere y debata”, agregó.
Mientras, para mediados de mayo se espera que la Cámara Chilena del Libro, la Furia del Libro y la Asociación de Editores Independientes, Universitarios y Autónomos presenten una propuesta a los distintos candidatos, que incluye un IVA diferenciado de seis por ciento.
Paulo Slachevsky, director de esta última organización, explicó que el documento plantea “una serie de puntos vinculados al libro y la cultura. La idea es que puedan acogerlos dentro de sus programas y apostamos a que los candidatos, poco a poco, vayan tomando esos temas”.
“Siempre se ha hablado de que el ministerio de Cultura es como el primo pobre dentro de los ministerios y, si uno quiere construir una sociedad realmente diferente, si uno quiere hablar realmente de desarrollo, no puede seguir dejando la cultura y la educación en un lugar secundario”, añadió el también director de LOM Ediciones.
De acuerdo a Slachevsky, el contexto actual se presta para que los temas de cultura tengan un espacio relevante en el debate presidencial, sobre todo por su vinculación con otro tópico que ha copado la agenda en los últimos años: la educación.
“Todo este tiempo han estado sobre la mesa los temas de la cultura y de la calidad de educación. La idea es que puedan estar en un lugar más central en el debate político en general y en los programas de los candidatos”, dijo.
En esa línea, manifestó una dosis de optimismo sobre la recepción que puede tener el tema entre los aspirantes a la presidencia: “No deja de alegrar que cuando uno camina por la calle, va en el Metro o en la micro, cada vez ve más lectores. Hace un tiempo Chile era un país donde raramente uno veía lectores en el espacio público, pero esta nueva generación está leyendo nuevamente. Creo que eso se ve y se siente, entonces esperamos que la clase política le dé la importancia que el tema tiene”, indicó.
Entre otros temas, el documento de la Cámara Chilena del Libro, Editores de Chile y la Furia del Libro también contempla propuestas para actualizar la Política Nacional del Libro y la Lectura, mejorar el sistema de bibliotecas y colecciones públicas e implementar la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco, que fue ratificada por Chile en 2007.