La supuesta manipulación del censo 2012 por el Instituto Nacional de estadísticas (INE) obligó que se iniciara una investigación en la  Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a cargo del fiscal adjunto, Jorge Morales, con la finalidad de establecer la verosimilitud o no de la manipulación de información.

En caso de que la indagación judicial arroje resultados positivos en cuanto a comprobar la manipulación de datos censales, quienes debieran responder por ello serían Francisco Labbé, renunciado director del INE, Eduardo Carrasco, jefe del proyecto Censo 2012; y Sebastián Mathews, asesor comunicacional.

La razón está en que al ser una organización descentralizada, las responsabilidades no alcanzan a ninguna dependencia del ministerio de Economía, del que depende el INE.

De comprobarse el delito, la pena es de hasta tres años y un día. Según el Código Penal, artículo 198, “el que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos (…) será castigado como si fuera autor de la falsedad”, teniendo penas de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de once a quince sueldos vitales, o sólo la primera de ellas, según las circunstancias.

Esto también se relaciona al artículo 193, que señala que “será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad (…) faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales.

En los próximos días se tiene que decidir respecto de la necesidad de realizar un peritaje que permita establecer en qué etapa se produce el “desfase” entre los datos y la información que se hizo pública.

La supuesta manipulación se habría presentado a raíz de la decisión del ex director del organismo, Francisco Labbé, de presentar a 16 millones 600 mil habitantes “empadronados” en el Censo como “efectivamente censados”, siendo que en realidad fueron 15 millones 800 mil personas.

En este hecho, se sumaron los habitantes de 600 mil casas sin moradores para alcanzar menos del 2 por ciento de omisión que se propuso el INE, junto al ministerio de Economía, para validar un censo que duró tres meses y que utilizó encuestadores pagados.