El ex ministro de Economía, Pablo Longueira, nombró este lunes a Juan Eduardo Coyemans como nuevo director del INE, luego del escándalo por la manipulación de datos del Censo que desembocó en la renuncia de Francisco Labbé.

“Por favor, no llevemos a disputas políticas instituciones que son muy importantes en la República, no las debilitemos”, solicitó el ex secretario de Estado, quien insistió en que “se ha hecho un gran Censo, sí señores”.

“Era un cambio que no era fácil liderar. Con la conectividad que existe hoy día es muy fácil afectar un Censo que duraba mucho tiempo, pero fuimos cada 15 días haciendo eventos con los medios de comunicación para que la gente colaborara, abriera sus puertas. Y las abrió. Y entregó muy buena información y tuvimos una gran cobertura. Y digo esto no porque haya sido hecho por el Gobierno, somos los chilenos los que lo hemos hecho. Hemos cambiado la metodología”, manifestó Longueira. 

Sin embargo, economistas advierten la necesidad de conocer en detalle la magnitud de los errores del Censo 2012, antes de tomar cualquier decisión. Uno de ellos es David Bravo, Director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien apunta a que las cifras extraídas de aquella medición se utilizan en la elaboración de las políticas públicas del país.

“Todas las encuestas que se hagan en la próxima década se basan en el Censo. No solamente las que hace el INE, también las que hacen múltiples otras instituciones. Por ejemplo la encuesta Casen, que mide pobreza y desigualdad, también obtiene sus muestras a partir de esa información. Es por eso que es fundamental que el Censo sea muy bien levantado, que no tenga ninguna duda”, explicó.

El especialista sugiere que, para restablecer la credibilidad en los datos entregados por el INE, un organismo externo realice una auditoría a la institución. “Habría que instalar un grupo de gente de mucha calidad y experticia que nos diga qué pasa con los datos y poder saber a ciencia cierta qué vamos a poder utilizar, antes de tomar una decisión”, coincide Máximo Aguilera, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas a cargo del Censo 2002.

Los especialistas enfatizaron en la necesidad de que sea una entidad externa al Estado la que investigue al INE y sugirieron una comisión de expertos de la OCDE o  de la Divisón de Población de la Celade. A su juicio, esto permitiría conservar la buena imagen que tienen las estadísticas chilenas tanto a nivel nacional como internacional.

En ese sentido, Aguilera observa con buenos ojos la creación de un INE autónomo, proyecto ingresado al Congreso el 7 de enero y que actualmente discute la Comisión de Economía del Senado, al cual el Ministro de Economía anunció se pondrá “extrema urgencia”.

Pero para el economista y ex director de Flacso, Andrés Solimano, la independencia del INE despierta suspicacias. “Supongamos que esta situación hubiese sucedido con un INE independiente. Un director que tiene unos criterios especiales, que maneja el Censo y el Índice de Precio al Consumidor, etc. Intervenir y fiscalizar en una institución independiente es mucho más difícil que en una institución que depende del Ministerio o una repartición pública. Entonces hay que tener cuidado con una independencia del INE, es un arma de doble filo”, advirtió.

Cabe recordar que las críticas al INE por el procedimiento del Censo no son las primeras que afectan a la entidad. Las cifras de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), conocidas a principios de este año, fueron duramente cuestionadas, puesto a que al tratarse de una nueva metodología de investigación, sus resultados no eran comparables con mediciones anteriores, por lo que no se podía hablar de una baja en la tasa de victimización.

A esto se suman las críticas a la metodología de medición del IPC, debido a las modificaciones históricas que ha tenido la canasta básica de alimentos, y la polémica por la manipulación de datos de la encuesta Casen.

Longeira anunció que las primeras prioridades del nuevo director de la institución serán revisar la metodología del IPC, liderar una auditoría técnica al Censo y apurar la tramitación del proyecto de INE autónomo. Además, ratificó que el Censo no se repetirá, sino que se evaluará cómo proceder con las cifras actualmente entregadas y la mejor forma de estimar los datos de las familias que no fueron censadas.