El Gobierno presentó este martes la denuncia en contra de los presuntos falsos exonerados políticos para que los hechos sean investigados por un fiscal. Ello se suma a la ministra en visita Mireya López, nombrada el miércoles pasado por la Corte Suprema.

La denuncia fue presentada, en representación del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, por los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, basándose en las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.

De esta manera lo explicó Luis Hermosilla: “Antecedentes que son nuevos y otros que son más antiguos, adicionalmente a eso está la imputación de cometer tres posibles delitos que son el fraude al Estado, la malversación de caudales públicos y la prevaricación administrativa”.

Además, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, señaló que la investigación del caso se mantendrá en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, pese a que el fiscal regional Andrés Montes es hijo del diputado Carlos Montes, exonerado político.

Para la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, el Gobierno está ejerciendo acciones válidas en la materia. Raúl Celpa, su presidente, si bien manifiesta la temporalidad política con la que el Gobierno se hizo cargo del tema, reconoce las acciones llevadas a cabo.

Sin embargo, Celpa es enfático a la hora de hablar del caso: Las denuncias desde la Asociación nacen en 1998, por lo que llevan quince años acusando una colusión total entre diversos actores políticos y sociales en el tema.

En este sentido, el dirigente de los exonerados políticos señaló que “la derecha deja hacer, la Concertación comete todo tipo de fraudes, no solamente en derechos humanos. La derecha salva a la Concertación, al gobierno de Ricardo Lagos, o sea, nos vamos con estos acuerdos espurios  que para lo único que sirven es para mantener estas estructuras de poder y olvidarnos absolutamente de lo que había sido el programa y las promesas que hizo esta coalición el año 1988 durante el Plebiscito”.

Celpa responsabilizó además a la Contraloría por la tardanza en iniciar la investigación y apuntó sus dardos contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, responsabilizando a la entidad de no manifestarse en torno a denuncias de irregularidades hechas hace muchos años atrás.

Por esto, el presidente de la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos indicó que “no analizó la política de derechos humanos, no dijo que esta política era una seudo política que contravenía absolutamente el derecho internacional humanitario, sino que lisa y llanamente actúo en una posición eludiendo esta responsabilidad legal que tiene, en el fondo haciéndose cómplice de toda esta situación a través del silencio”.

Es que lo más preocupante para la Asociación es la demora con la que se revisaron los informes presentados desde el año 1998. “Ellos ocultaron información” detalló Raúl Celpa, responsabilizando a la administración Lagos de gran parte del escándalo exonerados.

En esa línea, Raúl Celpa explicó que “haciendo una denuncia a gobiernos que habían sido los responsables del fraude que estábamos denunciando, estos gobiernos trataron por todos los medios de ocultar y tuvimos que recurrir al Consejo de Transparencia y ganar una causa al Estado chileno para que esta información hoy sea de conocimiento público”.

Desde la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos concluyen que el gobierno ha actuado conforme a la norma, pero esperan que el caso –que según sus cálculos implica miles de irregularidades- se reste de la “chimuchina” política, para encontrar una real solución, limpiando el nombre de los verdaderos exonerados, que han sido revictimizados producto de la polémica.