Una antigua condena de la Corte Suprema terminó por sepultar la candidatura a diputado por el distrito 9 de la Región de Coquimbo del ex parlamentario y ex ministro del PPD Víctor Manuel Rebolledo.

Rebolledo había sido condenado por el delito de cohecho el año 2004, por su participación en el “caso Coimas” durante el gobierno de Ricardo Lagos. Por ello debió cumplir una pena de cien días de reclusión menor en su grado mínimo y el pago de una multa a beneficio fiscal, además de ser inhabilitado para ejercer ciertos cargos públicos durante 5 años, lo que fue revocado en 2007.

Pero Rebolledo no es el único candidato al Parlamento con un pasado judicial. El año 2010, el actual candidato a diputado PPD por el distrito 17, Daniel Farcas, fue destituido de su cargo como rector de la Universidad Uniacc, en el marco de la investigación de una millonaria estafa al Fisco mediante la fraudulenta inscripción en un curso de 1.535 beneficiarios de las becas Valech, pese a que no tenían escolaridad completa e incluso algunos de ellos eran analfabetos.

Cabe recordar que en 2002, el militante PPD había renunciado a su cargo como director del Sence, asumiendo la responsabilidad política por la vinculación del director financiero del servicio en el “caso Coimas”.

Luego de ese episodio, Farcas llegó a la Uniacc, institución que mediante las becas Valech, destinada a ex torturados y presos políticos de la dictadura, se habría adjudicado más de 5 mil millones de dólares, en una causa que continúa investigándose en el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

En la Alianza, la diputada UDI Claudia Nogueira, que va por la reelección en el distrito 19, fue investigada por la Comisión de Ética de la Cámara ante denuncias de que habría enviado propaganda electoral del entonces candidato presidencial de su partido, Pablo Longueira, en sobres con el membrete de la Cámara de Diputados, lo que podría configurar intervención electoral.

En esa instancia, la Comisión aclaró que los sobres utilizados por la parlamentaria solo tenían el sello del correo del Congreso ya que desde ahí fueron emitidos, pero no correspondían a mensajes oficiales de la Cámara de Diputados. También se descartó que se haya utilizado dinero estatal para su elaboración o envío, fondos que habrían salido de los bolsillos de la propia diputada.

Pero esta no es primera vez que se pone en tela de juicio el accionar de Claudia Nogueira. Anteriormente, enfrentó una querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude al Fisco, por el pago de asesorías profesionales que nunca se realizaron y retornaron a sus arcas a través de depósitos en la cuenta corriente de su marido, el ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo.

Por este delito fue formalizada el año 2010, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía: devolvió al Estado 30 millones de pesos y firmó mensualmente durante un año y medio, evitando un juicio.

También en la UDI, en mayo de este año el Consejo de Defensa del Estado se querelló por malversación de caudales públicos contra la ex alcaldesa, ex intendenta del Bío Bío y candidata a senadora por la misma región Jacqueline van Rysselberghe.

La candidata es investigada por los pagos irregulares de horas extra en el municipio de Concepción durante los años 2009 y 2010, mientras era alcaldesa, antecedentes que se incluyen en informes de la Contraloría General de la República realizados durante los años 2010 y 2011.

Por este delito, diputados de la Concertación presentaron una acusación constitucional en contra de Jacqueline van Rysselberghe, la que evitó renunciando a la Intendencia del Bío Bío.

En tanto, el diputado UDI por el distrito 54 Gastón Von Mühlenbrock, quien baraja su reelección, enfrentará este 27 de septiembre un juicio laboral por sueldos impagos, ya que adeudaría seis meses de salario, indemnizaciones, feriados y cotizaciones a su ex secretaria Nancy Venegas.

Según la demanda, el parlamentario debe a su ex secretaria gratificaciones legales, feriado legal y proporcional, indemnización por falta de aviso, indemnizaciones por años de servicios, remuneraciones pendientes de pago desde junio de 2012 hasta diciembre de 2012, además de las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía no pagadas.

Engrosando la lista se encuentra el ex militar y ex agente de la DINA Rosauro Martínez, diputado de Renovación Nacional que, pese a que podría ser desaforado para investigar sus responsabilidades criminales en dictadura, baraja su reelección.

Rosauro Martínez es sindicado como el capitán del ejército que, en 1981, asesinó a José Eugenio Monsalve Sandoval, Próspero Guzmán Soto y Patricio Calfuquir Henríquez, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que fueron exiliados y regresaron en clandestinidad, habitando una casa en el sector de Neltume, Valdivia.

Por aquella misión, Martínez recibió felicitaciones del Ejército estampadas en su hoja de vida: “extraordinario desempeño al mando de la Compañía de Comandos N°8 durante las acciones de combate contrasubversivas en la zona de Neltume, donde resultaron siete extremistas muertos sin bajas del Ejército”.

La Corte de Apelaciones de Valdivia revisará durante la primera quincena de enero la solicitud de desafuero del parlamentario RN.