En la manzana delimitada por las calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, comuna de Recoleta -donde con anterioridad se ubicaba el Liceo Alemán- la Universidad San Sebastián construyó por medio de una de sus empresas inmobiliarias relacionadas su casa central, un centro de extensión y tres elevadas torres residenciales de 19 pisos cada una.

Esto en una zona  donde solo se permiten edificaciones con una altura menor a 20 metros.

El ex director de obras de Recoleta, Carlos Reyes,  reconoció ser responsable de 10 delitos de cohecho, vinculados a este caso, a cambio de un juicio abreviado.

El miércoles pasado, en una audiencia secreta, la fiscal, Macarena Cañas, hizo fuertes imputaciones contra la Universidad San Sebastián y contra Gonzalo Cornejo y Sol Letelier, ex alcaldes de Recoleta.

En el audio de esa audiencia, revelado por The Clinic en su versión digital, la fiscal explicita las presiones a las que Gonzalo Cornejo habría sometido a Carlos Reyes.

“Cuando algún director de obra puede decidir soberanamente conforme a lo que son los antecedentes por A o por B, pero se le está pidiendo por la superioridad edilicia que decida en favor a los intereses de un contribuyente, el director de obras no está actuando con libertad. El señor Reyes reconoce que él debió representar, debió negarse pero que, de la misma manera que en el caso Ceresita, el defraudar la confianza o las peticiones del alcalde para él era imposible de soportar”, declaró.

Por medio de una empresa relacionada, la Universidad San Sebastián, estaría lucrando, puesto que cobra por el uso de estacionamientos.

Esto se suma a que la construcción se hizo sin solicitud de informe de impacto ambiental, para lo cual, según lo atestiguado por Carlos Reyes a la Fiscal Macarena Cañas, se diseñó una verdadera estrategia por parte de las autoridades municipales de ese entonces, por medio de un permiso precario, el mismo que se usa para autorizar un carro manicero.

“Para que pueda desarrollarse un proyecto de esta magnitud hay una serie de ilícitos administrativos, como por ejemplo que hasta el día de hoy la Universidad San Sebastián no cuenta con un informe de impacto ambiental. Nunca fue presentada ante ello, para esa solicitud. Sí las torres, en circunstancia que en los permisos sucesivos de edificación se posterga la obtención del impacto ambiental para el fin del proyecto, es decir, una vez que está construido”, explicó.

Lo anterior provocó que, el viernes recién pasado, la Superintendencia de Medio Ambiente diera un plazo de 10 días  a la Universidad San Sebastián para  hacer sus descargos, dado que arriesga una multa que puede llegar a 50 millones de dólares o la clausura del inmueble, por no ingresarlo oportunamente al sistema de evaluación de impacto ambiental.

El Presidente de la Fundación Defendamos la ciudad, Patricio Herman, aseguró a Radio Universidad de Chile  que  denunció esto  el año 2009, ante la Contraloría General de la Republica  y también  se reunió en repetidas ocasiones con el propio Carlos Reyes, sin tener respuestas satisfactorias, por lo cual acudió ante el Ministerio Publico.

“Aquí se violó flagrantemente la ley, de acuerdo a cómo lo señaló el propio Ministerio de Vivienda confirmado por la Contraloría General de la República y ratificado por el Consejo de Defensa del Estado”, aseguró.

Nuestra emisora se comunicó también con el Alcalde actual de Recoleta, Daniel Jadue, quien en repetidas ocasiones ha  calificado como una cultura de la corrupción lo que se vivía en ese municipio durante las administraciones de la UDI.

Jadue optó por indicar que  prefiere esperar que terminen de configurarse los delitos y se cierre la investigación para emitir juicios y anunciar las acciones que tomará

“El viernes la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra la Universidad por haber construido sin calificación ambiental y por tanto aquí hay una serie de aristas nuevas que yo creo que hay que tomar en consideración y creo que no hay que anticipar juicios”, manifestó.

La Universidad San Sebastián no se ha pronunciado públicamente, pero  por medio de una inserción pagada en el diario El Mercurio, destaca el supuesto apego permanente de su institución a las leyes vigentes.