Con 87 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby.

El texto legal define el lobby como “aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las autoridades regidas por esta ley”.

El lobby incluye los esfuerzos específicos para influir en el proceso de toma de decisiones públicas y cambios en las políticas, planes o programas, en discusión o en desarrollo, o sobre cualquier medida implementada o materia que deba ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismos público correspondiente, o bien para evitar tales decisiones, cambios y medidas.

Además de definir que las agendas de los lobbystas deben ser de conocimiento público, durante la votación en Sala se aprobó una indicación que incorpora un registro de lobbystas.

El diputado DC Jorge Burgos destacó la aprobación de este proyecto en la Cámara Baja y recordó que los primeros intentos por regular esta actividad se remontan hace una década atrás. En ese sentido, espera que el Senado apruebe con agilidad el proyecto de ley.

“La verdad es que ojalá que el Senado acepte las modificaciones de la Cámara de Diputados y el proyecto se convierta en ley, porque si el Senado rediscute el tema el riesgo de que no sea ley es bien alto porque ya ha habido varias veces que estas regulaciones del lobby han muerto. Entonces, yo preferiría en este caso que se apruebe esta ley de lobby ante funcionarios públicos, que es lo esencial, con el carácter público de las agendas. Eso me encantaría que fuese la prioridad”, afirma.

El diputado independiente René Alinco fue el único que votó en contra de este proyecto, asegurando que regular el lobby es legitimar una práctica que debería prohibirse.

Es por ello que lamenta la actitud de la izquierda parlamentaria, al apoyar un proyecto de ley que “solo favorece a los más poderosos”.

“Con esta ley se dice a grandes voces que con esto va a terminar el sistema de corrupción, de la influencia de ciertos sectores, empresariales sobre todo, para determinados proyectos de ley, pero yo aseguro que esto se va a profundizar. Si hoy día hay lobbystas que se pasean como Pedro por su casa por los pasillos del Congreso e ingresan a cualquier comisión que se les antoja, con este famoso registro, con esta famosa ley, obviamente que van a sentirse no lobbystas sino que prácticamente dueños del Congreso”, advierte.

Pese a sus debilidades, la analista política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), Francisca Quiroga, califica este proyecto como un avance, debido a que nuestro país es uno de los más atrasados en legislar sobre esta materia.

“En el caso chileno no tenemos nada y de hecho es una de las legislaciones que está más estancada, desde los 90 ha habido muchos esfuerzos y siempre ha quedado este tema olvidado y por lo tanto, es un avance. Obviamente que el proyecto de ley es un avance, creo que todavía está asentado más en cuestiones instrumentales que en lo de fondo. Así que vamos a ver cómo esto lo pueden mejorar, pero claramente es un avance que exista un mínimo que sea un registro”, expresa.

A juicio de los expertos, el registro de lobbystas es uno de los puntos que es más necesario detallar, algo que tendrá que ser discutido ahora en el Senado.