La Junji realizó el año pasado una fiscalización a 1.786 jardines privados que determinó que 777, es decir, el 43 por ciento, no cumple con condiciones mínimas en cinco aspectos: infraestructura, número de educadoras por niño, higiene y alimentación, políticas de convivencia y prevención de abusos  y certificación de educadoras y técnicos.

De acuerdo al informe, 397 jardines presentan “situaciones graves que comprometen la seguridad de los párvulos”.

El 43 por ciento de los jardines fue clasificado en un nivel medio bajo, mientras que 588 centros educacionales (33%) cumplen con los requisitos mínimos para funcionar y fueron catalogados en nivel medio. Solo el 24% de los jardines logró un nivel alto.

Cabe señalar que 850 de los jardines evaluados se encontraban certificados por Junji, mientras que 936 no estaban empradronados y, en general, presentaron niveles más bajos de cumplimiento.

Entre los aspectos más críticos, el 60 por ciento de los jardines no cuenta con protocolos para casos de maltrato, el 49 por ciento no presentó estrategias para prevenir abusos sexuales, el 32 por ciento no mostró el título profesional de las educadoras y el 52 por ciento no lo hizo con sus técnicos. La Junji precisó que las cifras corresponden a jardines que no presentaron estos documentos, lo que no quiere decir que no los posean.

Para Marcela Pardo, especialista del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, “lo que encontró la Junji no tiene nada de sorpresa, porque a la base de los problemas que se detectaron se encuentra el hecho de que en Chile no es obligatorio contar con ninguna certificación pública ni de otro tipo para instalar un jardín u ofrecer educación parvularia en general”.

La especialista indicó que, según las estimaciones existentes, “aproximadamente la mitad de los jardines no cuenta con ninguna certificación, sea la que ofrece la Junji o el reconocimiento oficial que entrega el ministerio de Educación, que es una certificación distinta”.

En ese sentido, Marcela Pardo sostuvo que es “urgente” que la certificación sea obligatoria: “No hay ningún fundamento que permita argumentar en favor de la situación actual. ¿Qué es lo que se gana haciendo obligatoria la certificación? Es asegurar que los centros que ofrecen educación parvularia cumplen con los requisitos básicos para atender a niños de corta edad. Asegurar que la infraestructura es lo suficientemente segura como para evitar accidentes, que el equipamiento es el adecuado para ofrecer servicios educativos oportunos y efectivos, que el personal cuenta con la calificación requerida para ofrecer atención educativa”, explicó.

En tanto, Alejandra Kramm, secretaria regional de la Asociación de Funcionarios de Junji, dijo que las cifras son “muy preocupantes” y llamó a aumentar la dotación de fiscalizadores con los que cuenta la institución, ya que la actual “no da abasto”.

“Impacta, por ejemplo, el tema de infraestructura, que es algo principal en el cuidado de los niños. Muchos jardines no tienen recepción de obras y el permiso municipal. Hay otros donde no existen los títulos de las educadoras de párvulos o técnicos o no se pudo comprobar en la fiscalización que hizo Junji. Y tenemos que destacar que trabajamos con niños, no trabajamos al cuidado de cualquier cosa, entonces uno tiene que tener mucha precaución”, enfatizó.

La dirigenta también hizo un llamado a los apoderados a preocuparse de las condiciones en las que se encuentran los jardines infantiles y denunciar cualquier situación anómala en términos de infraestructura, personal y otros aspectos considerados por el informe de Junji.