Una reacción positiva, pero cautelosa, generó en distintas organizaciones el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de solicitar un informe detallado a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, para conocer la realidad de los recintos carcelarios especiales creados por  los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos para violadores de Derechos Humanos y la factibilidad de cerrarlos.

En declaraciones a CNN Chile, Piñera sostuvo que existe una desproporción en cuanto a la cantidad de gendarmes y el número de detenidos, pero no se pronunció sobre la existencia misma de penales diferenciados, indicando que esa materia está en estudio.

“Yo estoy revisando, como Presidente, si se justifica que exista una cárcel como Cordillera, donde entiendo que solo hay diez personas privadas de libertad con más de 40 gendarmes. Estamos estudiando si eso se justifica, cuáles fueron las razones que tuvo el presidente Lagos para haber construido esa cárcel y qué medida podemos tomar al respecto”, dijo.

En tanto, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), cuyo padre perdió  la vida a manos de agentes de la dictadura, se mostró contento porque esta idea sea iniciativa del propio mandatario: “Me parece una buenísima noticia, que estamos esperando hace mucho tiempo. Celebro que sea de parte del Presidente Sebastián Piñera. Creo que todo chileno que cometa un delito tiene que ir a una cárcel igual”, afirmó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, afirmó a Radio Universidad de Chile que estas cárceles especiales son una de las muestras más patentes de la lógica de la posdictadura, en la que se ha tratado de forma deferente a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, por el solo hecho de ser militares.

Mireya García añadió que tratar de la misma forma a los privados de libertad sería un gesto de mínima equidad: “No corresponden las cárceles especiales para violadores de DD.HH. y condiciones especiales, donde ellos siguen siendo los amos del lugar, son ellos los que definen la vida del lugar donde están y el resto ya no son gendarmes ni quienes los están cuidando, sino que son sus súbditos. Creo que es una situación realmente vergonzosa”, indicó.

La dirigenta de la agrupación llamó al Presidente Piñera a materializar el cierre de las cárceles especiales para militares que violaron los DD.HH y no quedarse solo en el estudio.