La defensa de uno de los cuatro ejecutivos de Soquimich formalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros, solicitó una nueva prórroga para entregar su respuesta a los cargos levantados desde la SVS, por infracción a la Ley de sociedades anónimas y Mercado de Valores, en el llamado “Caso Cascada”.

Esta medida fue presentada por los abogados de Julio Ponce Lerou y Roberto Guzmán Lyon, en función de extender el período legal que vence este jueves. En paralelo, la defensa analiza la posibilidad de impugnar el proceso, esto por la filtración en la prensa de los documentos que acreditaban los ilícitos señalados.

Con ello surgen críticas al procedimiento que lleva la Superintendencia, pese a que logró formular cargos contra Ponce Lerou y sus empresas cascadas, en una práctica que los expertos dicen, existe hace años, sin que los organismos competentes hayan actuado.

Mauricio Daza, abogado defensor de accionistas minoritarios, indica que falta voluntad de investigación: “Creo que nuestra legislación es suficiente para obtener condenas ejemplares en este tipo de delito. Lo que falta son autoridades que tengan la decisión y coraje de hacer cumplir la ley, sobre todo cuando se trata de grupos empresariales relevantes. Más que leyes, faltan autoridades competentes que tengan la voluntad de perseguir estas infracciones”.

En esta línea, el abogado criticó el rol de la Superintendencia en su formulación de cargos, y luego por negar el acceso de esta información a la Fiscalía, órgano que sostiene la investigación judicial: “La Superintendencia ha tenido una actuación tardía e incompleta. Tardía porque son hechos conocidos hace años por el mercado, e incompleta porque se ha limitado a una indagación que tiene por objeto la aplicación de multas, sin remitir antecedentes al Ministerio Público de hechos que exceden la infracción administrativa, si es que no se trata de delitos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, subraya en la sobrecarga laboral, factor que impide mayor dedicación en delitos de alta complejidad. A su juicio, se requiere más equipo y experticia para agilizar el procedimiento.

Uribe indica que “es difícil salirse del tema de carga de trabajo, porque la dificultad principal es el tiempo que disponemos. Sin perjuicio de eso, no siempre se dispone de policías especializados, que sean capaces de procesar la información. Y además, tener la cooperación de todas las instituciones, son figuras complejas de difícil determinación, entonces requerimos tiempo, pero también un apoyo importante de la policía especializada”.

En otra arista, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas, indica que es necesario sumar legislación a delitos de cuello y corbata, en especial con prácticas que atentan contra las personas comunes, como en este caso lo son los afiliados a las AFP.

“Hay muy pocas herramientas. En el caso de valores de bolsa, cuando cae el valor de la AFP, que afecta las pensiones a una vinculada a empresa, nosotros estamos desprotegidos ante el riesgo bursátil e impacta los ahorros. En ese sentido, no hay protección, como una garantía estatal que rige en el sistema bancario”, indicó.

Este miércoles, la Superintendencia deberá informar a la Corte de Apelaciones, los motivos por los que negó a la Fiscalía el acceso al expediente con la formulación de cargos contra estos ejecutivos.