El Tribunal Constitucional rechazó el petitorio presentado por un grupo de diputados UDI sobre cuatro puntos del proyecto de ley de televisión digital.

Los parlamentarios alegaban la inconstitucionalidad del rol fiscalizador del Consejo Nacional de Televisión y de la obligación de los canales de transmitir campañas de interés público, así como de la posibilidad de obtener una segunda concesión y la exigencia de emitir al menos cuatro canales locales, además de exigir la modificación de la definición de “pluralismo”.

A juicio del ex presidente de la Comisión Mixta que revisaba este tema, el diputado UDI Gustavo Hasbún, el rechazo del Tribunal Constitucional a esta solicitud “atenta contra la libertad de expresión y el pluralismo”.

Según declaró a un medio de prensa escrita durante esta mañana,  “nos queda esperar a que el presidente pueda usar el veto presidencial en esta materia, dado que el proyecto de ley en las condiciones actuales es muy peligroso y Chile se puede transformar en Venezuela o Cuba en materia de prensa”.

Las organizaciones ligadas a la discusión de la ley de televisión digital celebraron la decisión del Tribunal Constitucional. Lorena Donoso, abogada del Observatorio de Medios FUCATEL, explica que si bien la ley en las actuales condiciones es aún insuficiente, de todas formas es un avance.

A su juicio, los reparos de la UDI responden a concepciones anacrónicas de lo que significa la libertad de expresión.

“El argumento de la libertad de expresión ellos lo llevan al extremo, de hecho ellos sostienen que, de acuerdo al texto constitucional, en Chile la libertad de expresión es una garantía que no atiende a limitaciones. Y eso no es efectivo, porque la misma constitución señala que una ley determinará la forma en que se va a ejercer cada uno de los derechos. Según ellos, en una visión totalmente anacrónica, la libertad de expresión no tendría ninguna limitación. De ello hacen derivar, por ejemplo, que la titularidad de la señal de televisión le da derechos absolutos a los canales para definir, por ejemplo, sus programaciones”.

Esto explicaría la oposición del gremialismo al rol fiscalizador que ejercería el Consejo Nacional de Televisión, institución generada por la Constitución para velar por el correcto funcionamiento de este sistema. “Es un órgano autónomo constitucional que, además está establecido en base a los equilibrios políticos que existen en este país y, por tanto, no tendrían por qué ser efectivos los supuestos temores de que el Consejo Nacional de Televisión va a terminar afectando la libertad de expresión, de hecho su actuación normalmente ha sido más que mesurada”, agrega la experta.

Juan Carlos Berner, coordinador de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, compartió la decisión del Tribunal Constitucional, ya que a su juicio los puntos impugnados por la UDI eran los mejor logrados de un texto que no aún no logra equipararse a estándares latinoamericanos.

A su juicio, el anuncio del gobierno, previo a esta decisión, de presentar un veto presidencial contra esta ley, no es justificable ni comprensible, ya que tanto personeros de gobierno como el partido en el que milita el Presidente manifestaron su conformidad con el texto legal.

“Vimos, cuando la ley salió del Senado finalmente, hace menos de un mes, que el subsecretario y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, que son los personeros de gobierno que llevan la ley, se manifestaron bastante contentos por su resultado, por lo cual nosotros habíamos entendido que el gobierno estaba satisfecho. Entonces nos llama la atención que sea el Presidente el que  diga que la ley tiene aspectos que son inconstitucionales. Aquí uno se pregunta hasta qué punto están de acuerdo la UDI, por un lado, Renovación Nacional por el otro, el ministro y el subsecretario y el presidente, al final vemos que hay opiniones bastante disímiles”, expresó.

De ser presentado el veto presidencial, el proyecto de ley de televisión digital no alcanzaría a aprobarse durante este gobierno, lo que para Juan Carlos Berner abre la posibilidad de repensarlo junto a todas las organizaciones comprendidas en los medios de comunicación, para lograr una ley de calidad que responda a normativas internacionales.