Esta semana, la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado comenzó con el análisis del proyecto de ley de formación e inicio docente, el que fue aprobado a comienzos de octubre en la Cámara de Diputados.

Los ejes de la normativa se centran en elevar las exigencias mínimas para estudiar pedagogía, la evaluación obligatoria a los egresados de pedagogía que deseen trabajar en el sector subvencionado y elevar las remuneraciones de todos los profesores en ejercicio.

Así lo explicó el subsecretario de educación, Fernando Rojas, quien instó a los parlamentarios a aprobar a la brevedad este proyecto.

“Es muy importante poder aprobar este proyecto pronto, poner el foco en aumentar las exigencias para poder estudiar pedagogía, mejorar las remuneraciones de entrada de quienes ingresan al mundo laboral y también las asignaciones para los buenos profesores. Tenemos que reconocer más a los nuevos profesores, tenemos que invertir más en ellos para que puedan tener mejores remuneraciones y de esa forma permanecer, sobre todo, aumentando las remuneraciones de quienes trabajan en contextos vulnerables”, explicó.

La senadora Eva Von Baer, integrante de la comisión, acudió a este llamado. “Lo que hace este proyecto es aumentar los sueldos al inicio pero adicionalmente también ponerle incentivo a los buenos profesores para que reciban un bono por desempeño y ese viene siendo aumentado en este proyecto. Así que yo espero que después de escuchar a los especialistas podamos avanzar en forma rápida”, manifestó.

Sin embargo, desde la sociedad civil surgen algunos reparos al proyecto en las actuales condiciones. Tal es el caso de Educación 2020, cuyo presidente, Mario Waissbluth, reconoce ciertos avances en la legislación, más destaca como uno de sus principales defectos el hecho de que no aborda el problema integral de la carrera docente.

“Lo primero es que es una ley corta, que va a haber que tarde o temprano abordar el problema integral de la carrera docente y aplicar una carrera docente por igual al sector particular subvencionado y al sector público. Y lo segundo es que el proyecto de ley corta actual tiene algunos defectos que esperamos se resuelvan ahora en el Senado, porque creemos que incentiva monetariamente a egresados de pedagogía de una manera injustamente elevada y con criterios erróneos, lo cual va a generar conflictos al interior de las aulas”, advierte.

“No es un proyecto de carrera docente y además llegó ahí de forma inconsulta”, critica el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

“Es una ley de amarre, porque este proyecto al que el Gobierno ha puesto suma urgencia, ha hecho una verdadera ofensiva comunicacional e incluso trató de aprobarlo antes de la elección del 17 de noviembre, pero eso fracasó. Y ellos ahora, antes de dejar el Gobierno el 11 de marzo, están empecinados en dejar esta bandera clavada, esta nueva traba para el desarrollo profesional, y eso es muy lamentable”, agrega.

Entre los principales reparos a la legislación, para el representante del Magisterio, se encuentra la política de remuneraciones, la que según explica está sujeta a evaluaciones que generan una fuerte competitividad y distraen al docente de sus actividades en el aula.

“Esto es una cuestión que nos pone en la antesala el ligar resultados de las pruebas Simce y PSU al aspecto económico de los maestros y esa es una cuestión tremendamente injusta, que lo único que logra es profundizar la educación de mercado. Ojalá los parlamentarios se den cuenta de esto y entremos a discutir un proyecto de carrera docente y no estas indicaciones que, en definitiva, nos dejan en una mayor precarización de la función docente”, expresa.

Es por ello que desde el gremio solicitan que se quite la suma urgencia a este proyecto para que pueda ser discutido con tiempo y considerando a todos los actores, opinión que harán llegar a los parlamentarios este miércoles, en una nueva sesión de la Comisión.