El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, comunicó a los involucrados en el “caso cascadas” que están siendo indagados en calidad de imputados, por lo cual les pidió todos los antecedentes sobre sus sociedades de inversión, tanto en nuestro país como en el exterior.

Es importante explicar que el “caso cascadas” se llama así porque alude a la organización “en forma de cascada” de las empresas asociadas a la firma Soquimich (SQM), de propiedad de Julio Ponce Lerou. Por ejemplo, una primera empresa es dueña de una segunda compañía, que a su vez tiene propiedad sobre otras empresas, cuyos porcentajes van decayendo progresivamente, pero siempre resguardando que Soquimich sea la firma mayor, propietaria de todas las demás. De este modo, Ponce Lerou controla acciones suficientes para designar directores en todas esas empresas y así acceder tempranamente a información bursátil.

Hasta ahora, este modelo de negocios no es ilegal en Chile, pero lo que sí investiga la Justicia es el uso de información privilegiada y el retraso en la entrega de información, porque Ponce Lerou ha podido comprar acciones baratas y revenderlas más caro, sin perder el control de todo el negocio, y afectando a los accionistas que no son controladores. En este grupo de afectados están las administradoras de fondos de pensiones (AFP): Cuprum, Modelo, Provida, Planvital, y sobre todo Hábitat, que en conjunto han invertido más de 758 millones de dólares, que son ahorros de los cotizantes.

En lo importante, Julio Ponce y Roberto Guzmán son investigados por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Mercado de Valores, y también otros mencionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en la argumentación de cargos pero que no están sujetas a ellas, como Leonidas Vial, Alberto LeBlanc y Luis Saldías Varas. El ejecutivo y el director de las sociedades cascadas, Aldo Motta y Patricio Contesse, también fueron notificados en calidad de imputados.

El abogado de estos accionistas minoritarios, Mauricio Daza, dice que la ley contempla penas que van de los 541 días hasta 10 años de cárcel para estos delitos, aunque reconoce la contradicción de que por un lado se pretenda prohibir el uso de información privilegiada y que por otro se permita que un empresario organice sus empresas con estructura de cascadas.

Cabe recordar que parlamentarios de la Democracia Cristiana no han descartado solicitar una comisión investigadora del caso en la Cámara, pero primero están esperando que la Superintendencia de Valores y Seguros emita su informe sobre el tema.