En medio de un duro debate que polarizó la sociedad mexicana, ambas cámaras del congreso dieron el visto bueno para la llamada reforma energética, que permite que empresas privadas, nacionales o extranjeras, puedan participar de la renta petrolera, lo que según los partidos de izquierda implica la privatización de la industria.

Entre fuertes epítetos, los parlamentarios del gobernante Partido Revolucionario Institucional y del derechista Partido de Acción Nacional, PAN, junto a representantes del Partido Verde, rompieron con el legado de Lázaro Cárdenas, líder histórico del PRI, que como presidente en 1938, nacionalizó el petróleo, dando pasó a la empresa de este rubro más grande del continente americano.

La nacionalización de recursos naturales y el desarrollo de industrias nacionales, en América Latina, ha sido un proceso de permanentes avances y retrocesos, puesto que muchas veces ha sido la causa de intervenciones militares e incluso de invasiones estadounidenses.

El influjo de la Revolución Cubana y la llegada de gobiernos progresistas, implicó varias nacionalizaciones, siendo el caso chileno uno de los más paradigmáticos.

El gobierno de Eduardo Frei Montalva, por medio de la compra de acciones mayoritarias, chilenizó el cobre y luego el de Salvador Allende, adquirió la propiedad completa de la gran minería cuprífera.

La era neoliberal, implicó el retroceso total de dichas políticas, volviendo al modelo de las concesiones, donde el Estado mantiene la propiedad, pero entrega la extracción a empresas privadas.

Esta lógica se rompió el año 2000 cuando Hugo Chávez, modificó la legislación de su país, haciendo que Venezuela por medio de la empresa estatal Pedevesa, asumiera el control completo de la industria petrolera, entregando sus beneficios a la población por medio de planes sociales.

Dicho modelo además permitió fomentar procesos de integración con otros países del continente e incluso crear empresas como Petrocaribe, mecanismo de integración entre el ALBA y el caribe.

El embajador venezolano en Chile, Arévalo Méndez, explicó a Radio Universidad de Chile que, durante años, la renta petrolera fue dilapidada y ni siquiera quedaban en el país las divisas, situación que fue totalmente revertida.

“El año 2000 se efectúa la segunda cumbre de la OPEP, y se comienza el acopio de recursos y ese bolsón de dinero se convierte en estructura estatal. Por eso no hay acumulación de riqueza financiera, sino social y económica”, dijo.

El modelo venezolano incluye la colaboración con empresas extranjeras para la explotación de la faja del Orinoco, la mayor reserva petrolera del plantea, pero siempre con el control de PEDEVESA.

Desde la dictadura militar, Chile, mantiene una política totalmente distinta, puesto que si bien los recursos naturales, como los mineros, pertenecen al Estado, en la práctica por medio de las concesiones, son trasnacionales las que extraen la mayoría del cobre, pagando además muy bajos tributos.

Julián Alcayaga, Presidente del Comité de Defensa del Cobre, afirmó que el aporte que realiza la estatal Codelco, es la mejor prueba de lo fundamental para esta economía controlar la totalidad de la minería: “Desde el año 1990 a la fecha, Codelco ha entregado más de 70 mil millones de dólares, mientras que la minería privada apenas alcanza los 20 mil millones, pese a duplicar la producción. Esa es la diferencia de ingreso, por lo que Chile debiera tomar control a la producción y comercio mundial de cobre”.

Este debate esconde otra gran discusión, el daño medioambiental que general la extracción de estos recursos.

La fundación Terram es parte de la red latinoamericana de industrias extractivas, desde donde se plantea la necesidad de discutir sobre el extractivismo y la necesidad de transitar a una economía que pase a una etapa superior.

Flavia Liberona, Directora de Terram, explicó a nuestra emisora que incluso en los países con gobiernos progresistas existe una tensión no resuelta entre la utilización de las ganancias por estos recursos a gasto social y el dño ambiental asociado.

“Tener la soberanía es importante, el control estatal es clave pero no es suficiente. Hay que trabajar con resguardos sociales y ambientales, y ojalá avanzar a nuevos modelos de desarrollo. Una integración regional asoma como opción de gobiernos progresistas si hay interés de conservar el patrimonio natural de la región”, señaló.

Desde la red latinoamericana de industrias extractivas, destacan la importancia de que los estados ejerzan soberanía con sus recursos naturales pero falta a la vez conciencia ambiental en los gobiernos, paso fundamental para saltar a un nuevo modelo de desarrollo económico.