A finales de julio del 2013 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo, Ben Emmerson, en una visita a nuestro país afirmó que, para avanzar hacia una solución al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche era necesario adoptar un Plan Nacional de Tierras que pusiera al diálogo en el centro y se sustentara en los tratados internacionales.

Hace unos días en Ginebra, Suiza con motivo del Examen Periódico Universal (EPU), el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, le aseguró al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Chile, a través de un plan ya bastante avanzado, restituiría el 100 por ciento de las tierras reclamadas por el pueblo Mapuche al 2019. Incluso Juan Ignacio Piña, subsecretario de Justicia, afirmó en una entrevista que sería al 2016 y luego salió a rectificar en una carta en La Tercera.

Pero más allá de las fechas, ¿a qué  plan se refieren las autoridades? Desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) los consejeros sostuvieron que no existe un plan propiamente tal, sino un listado donde hay cerca de 340 comunidades que realizaron trámites para poder acceder a determinados terrenos.

En ese sentido, Iván Carliao, consejero de la CONADI, indicó que se está generalizando para quedar bien posicionado ante los organismos internacionales: “Hablar de que en 2019 se acaba bajo esta lógica que han implementando los gobiernos de turno es una falacia. Yo siento que mientras los gobiernos no destinen recursos, no se haga una intervención política decisiva
dentro del territorio donde están las comunidades, no habrá un plan de restitución de tierras como corresponde, sino aquí estamos acotando una cuestión meramente admisnistrativa de una situación que requiere de un trato mucho más determinante”.

Carilao indicó que además hay muchas comunidades que no están en esa lista y que tienen el mismo derecho, pero que no han iniciado su proceso de reivindicación o han levantado datos como lo pide el actual sistema administrativo. En esa línea Jorge Huenchullán, werkén de la comunidad Autónoma de Temucuicui, emblemática en su lucha por el territorio, sostuvo que el mecanismo burocrático de la CONADI  es insuficiente y no respeta la dignidad de los pueblos originarios.

Por esto, el vocero de la comunidad de Temocuicui enfatizó que “considero que es la forma más nefasta que se le ha confinado a los mapuches hacer una lista y esperar la fila para que les entreguen tierras. Eso es lo más humillante para las comunidades que estamos en resistencia. No puede ser un territorio ancestral, un territorio que no en más de cien años ha sido conolizado, no puede tener ahora sustentabilidad para que le entreguen tierras, es un derecho, el derecho a la tierra ancestral, es un derecho internacional que tenemos los mapuches”.

Desde las organizaciones y centros de investigación que han realizado seguimiento a este tema se señala que la política de tierras impulsada por el Estado no sólo difiere con la forma de los indígenas de entender la tierra, sino que también ha sido sumamente errática.

En este sentido, Paula Acevedo, integrante del Observatorio Ciudadano indicó que: “Es un sistema que hasta ahora presenta recursos escasos y que incluso hemos tenido evidencia de mal usos de esos recursos, que no tiene criterios establecidos y claros para la priorización y que además, ha presentado irregualridades en torno a este proceso. Hasta ahora tenemos una política pública solamente que tiene un caracter errático como hemos señalado y que no ha resuelto el problema, sino que muchas veces incluso ha contribuido ha agudizarlo”.

“A casi dos décadas de la dictación Ley Indígena que crea el fondo de tierras, la situación está lejos de ser resuelta”, añadió. Esto cuando hoy el problema territorial está al centro de la disputa y genera la protesta social en donde surgen los casos que son judicializados y criminalizados por las actuales autoridades.

Cabe señalar que Radio Universidad de Chile intentó comunicarse con el ministerio de Desarrollo Social y de Justicia para acceder al llamado “Plan Nacional de Tierras” y evaluar su proceso de implementación pero los voceros de ambas carteras estaban de vacaciones y tampoco contaban con documentación formal que pudieran hacernos llegar.