Entre las prioridades legislativas que fijó el Gobierno para las últimas semanas de su gestión está la reactivación de suma urgencia para aprobar el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), el despacho del veto a la ley de televisión digital y el proyecto sobre control preventivo de identidad.

Acuerdo de vida en pareja

Este lunes, luego de participar en una reunión del comité político, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió al proyecto de AVP y anunció que el Gobierno entregará libertad de acción a los senadores de la Alianza.

Al respecto explicó que “este es un proyecto sobre el cual, dentro de la Alianza, existen opiniones distintas y eso es absolutamente respetable. El Gobierno obviamente espera poder contar con las mayorías y los votos suficientes para poder aprobarlo, pero no hemos condicionado ni hemos solicitado especialmente a la Alianza el apoyo,  porque sabemos que hay puntos de vista distintos. Por eso es que no hemos pedido respaldo oficial, como el Gobierno lo ha hecho en otros proyectos”, señaló Chadwick.

En tanto, Jaime Parada, ex vocero del Movilh, advirtió que de no aprobarse la ley dentro de la actual administración, el gobierno de Bachelet deberá manifestarse con prontitud respecto al matrimonio igualitario y a la posibilidad de adopción.

“Hoy día hay personas que necesitan una regulación como el AVP precisamente porque no está regulada la tuición de los hijos, esos hijos están en peligro de perder parte de su núcleo familiar e irse a vivir con abuelos en circunstancias en que no han sido los abuelos quienes los han criado, sino dos padres o dos madres”, dijo Parada.

Televisión Digital

Por otra parte, una de las principales apuestas de La Moneda es lograr despachar el veto que Piñera hizo a 28 puntos de la Ley de Televisión Digital.

En enero, la Cámara de Diputados declaró inadmisibles once de esas observaciones. Entre los puntos controversiales objetados por el Mandatario están: la definición de pluralismo, el que impedía que Televisión Nacional tuviese dos concesiones, la composición de Consejo Nacional de Televisión y el mínimo de horas semanales destinadas a programación cultural.

La discusión ha dado lugar al debate entre quienes ven el proceso como un simple cambio tecnológico que permitirá ofrecer una mejor calidad de la imagen y abrirá mayores posibilidades de negocios, versus quienes consideran ésta una oportunidad para democratizar la pantalla, garantizar el acceso a la operación de canales a sectores hoy excluidos y a una mayor diversidad en la oferta televisiva.

Al respecto, Enrique Ortega, fundador de la ONG Comunicación y Educación, estimó que el proyecto es deficiente en tanto instala la plataforma digital sin preocuparse de desarrollar un modelo de televisión social.

“Ya la ley está bastante mala y el presidente con el veto lo que hace es empeorar mucho más la situación de libertad de expresión y democracia en las comunicaciones para los operadores que quieran tener un canal de televisión. Si hoy día es muy difícil tener un canal de televisión comunitario o uno con fines sociales, con la nueva ley va a ser casi imposible”, advirtió Ortega.

Ley de control preventivo de identidad

Finalmente, el proyecto de ley sobre control preventivo de identidad forma parte de las iniciativas que el Ejecutivo está impulsando para garantizar el orden público.

Lucía Dammert, socióloga experta en seguridad, señaló que la próxima administración de la Nueva Mayoría tendrá que enfrentar los mismos problemas de orden público que este Gobierno no ha podido solucionar.

“Sebastián Piñera no quiere irse sin dejar de presentar algunas leyes, dado que además la llamada “ley Hinzpeter” no fue aprobada, por eso se explica la urgencia. Además, estamos en el marco de un año que se avizora con bastante movilización social. Sin embargo, difícilmente esta ley va a venir a solucionar los problemas que ellos proponen”, afirmó la socióloga.

En tanto, Ana Piquer, Directora de Amnistía Internacional Chile, mostró preocupación respecto a que la ley pueda vulnerar derechos humanos de los ciudadanos y aseguró que el proyecto no puede aprobarse tal como está.

“La manera en que se está definiendo es tan amplia, que podría significar una vulneración a derechos como la libertad de circulación, el derecho a reunión, el derecho a la protección a la vida privada o incluso una eventual aplicación discriminatoria de la norma. Son varias las dimensiones que nos preocupan y por ello nos parece fundamental que el texto actual se revise a la luz de las normas internacionales”, explicó Piquer.

Independiente de su aceptación en la ciudadanía, las tres iniciativas corresponden a proyectos emblemáticos de la administración de Sebastián Piñera, los cuales contarán tan solo con los primeros diez días de marzo para ser aprobados.