Para la coordinación del trabajo del nuevo Gobierno sobre una Nueva Constitución, la presidenta electa Michelle Bachelet designó dos nombres clave: los futuros ministros José Antonio Gómez y Ximena Rincón, de Justicia y Secretaría General de la Presidencia, respectivamente.

La actual senadora democratacristiana ha adherido a la posibilidad de una Asamblea Constituyente, mecanismo idóneo para la participación ciudadana en la elaboración de una nueva carta fundacional, mientras que Gómez, presidente del PRSD ha sido uno de sus más fervientes impulsores.

Al menos, la figura del futuro ministro de Justicia genera simpatía en partidos y sectores políticos que respaldan la AC. Los nombramientos son interpretados como una señal a favor de la participación en la reforma que impulse el próximo Gobierno.

Sin embargo, según el analista político Gustavo Rayo, la Asamblea Constituyente es “interpretable”, por ejemplo, a través de comisiones asesores parlamentarias.

“El tema de la asamblea constituyente, puede admitir también distintas interpretaciones. Es perfectamente posible que el propio Congreso establezca una figura en la cual encomiende, aparte de sus propios integrantes, erigirse como elaborador de la nueva constitución por el mandato y al mismo tiempo considerar planteamientos surgidos desde las bases regionales y actores sociales diversos”, afirmó Rayo.

Para el vocero del Movimiento por la Asamblea Constituyente, Matías Sagredo, el compromiso de Gómez o las posturas reveladas por Ximena Rincón no son garantías suficientes para pensar que se optará por un proceso participativo.

“Esto no cambia absolutamente nada, porque sin Asamblea Constituyente no hay participación real, mientras se haga dentro del Congreso no hay participación real, incluso aunque el proyecto viniera desde la ciudadanía y la Concertación amablemente la instalara en el Congreso para que se negociara ahí, está obligado ese proyecto a ser negociado por los quórums calificados de la Constitución. Es decir, que pase por la negociación entre UDI y RN y la gran cantidad de diputados y senadores de la Concertación que están en contra de los cambios estructurales que el pueblo necesita”, dijo Sagredo.

El dirigente asegura que el proyecto de la Nueva Mayoría va a ser sólo un maquillaje a la actual Constitución y que la participación ciudadana se dará a través de los llamados “diálogos ciudadanos”, lo que no asegura que la opinión de las bases sociales sea vinculante.

Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Morales, aseguró que esta y otras colectividades fiscalizarán que una nueva Constitución se realice a través de una AC.

“Nos la vamos a jugar para que en Chile haya una Asamblea Constituyente y que la ciudadanía pueda elegir, por ejemplo, representantes diputados en los distritos actuales y nuevos distritos, únicamente para redactar una nueva Constitución. Ese va a ser nuestro rol, vamos a empujar esa agenda y nos parece que cualquier compromiso por debajo de esa línea fijada, incluso por algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría es muestra de poca convicción con la participación ciudadana”, señaló Morales.

Lo mismo harán los movimientos sociales. Situación que se expresará el próximo 22 de marzo en la convocada “marcha de todas las marchas”, que tiene por principal objetivo una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.