El Comité de Ministros para la Sustentabilidad aprobó 32 de las 34 reclamaciones presentadas al proyecto Hidroaysén de parte de las empresas operadoras, Colbún y Endesa, y de personas naturales y jurídicas.
Con ello, quedaron dos estudios adicionales pendientes para definir el futuro del proyecto. Uno es un estudio hidrológico respecto de la variación de caudal diario que tendría la operación de la central y del efecto de vaciamiento de los glaciares. Además de una evaluación del impacto que provocaría el arribo de más de cinco mil trabajadores que permanecerán en la zona de trabajo.
Traspaso del costo político
Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), consideró importantes los estudios agregados, sin embargo estimó que no son determinantes para la decisión final de materializar la hidroeléctrica.
En ese sentido, estimó que “el tema pasó a ser un problema más político que ambiental” y por ello es que la responsabilidad se traslada hacia el Gobierno de Michelle Bachelet que, como recordó, fue donde se inició el proceso de instalación del proyecto.
Al respecto explicó que: “Este Comité de Ministros lo que está haciendo es una revisión de una decisión que ya se tomó, sobre la base de una resolución favorable al proyecto Hidroaysén y para dar vuelta esa decisión se requiere mucho más que un par de estudios complementarios, como lo que se ha solicitado, se requiere voluntad de cambiar el curso de las políticas energéticas del país. Acá lo que hizo el Gobierno de Piñera es eludir y transferirle al próximo Gobierno pagar los costos políticos que significa llevar adelante esta mega intervención energética”, señaló Cuenca.
Por su parte Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace Chile, apuntó a que la decisión beneficia nuevamente a las empresas operadoras y manifestó su sorpresa frente a la decisión del Comité de pedir estudios adicionales, ya que a su juicio “lo que debieran haber hecho es considerar que estos estudios no estaban dentro de la evaluación de impacto ambiental, por lo tanto lo que correspondía era invalidar la resolución de calificación ambiental y no darle una nueva oportunidad o abrir un nuevo capítulo de la evaluación ambiental”, dijo Leiva.
En la misma línea, el presidente de Ecosistema y coordinador del Consejo de Defensa de la Patagonia, Juan Pablo Orrego, consideró que el proyecto debió haber sido eliminado en 2008, cuando se presentó el estudio de impacto ambiental ante la Comisión Regional del Medioambiente en Aysén: “Ahora hay algo aún más insólito, porque según la resolución del Comité de Ministros, estos estudios los va a pagar el Fisco, es decir que lo vamos a pagar todos los chilenos que no estamos de acuerdo con el proyecto. Nosotros creemos que esto no va a seguir adelante, estamos en estos momentos evaluando la situación en el Consejo de Defensa de la Patagonia, porque aquí hay mucho más por decir”, expresó Orrego.
Perjuicios a la región
Patricio Segura, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, aseguró que el Comité de Ministros perjudicó a la región en términos productivos, culturales y ambientales, al aceptar, por ejemplo, que la empresa no pagara una compensación a la comunidad de Aysén por el impacto del proyecto en el turismo. Además, explicó que “el Comité aceptó la reclamación de la empresa de no tener que talar los árboles en el área de inundación, lo que generará contaminación por los bosques que van a quedar inundados y también gases de efecto invernadero”, acusó Segura.
Los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia se encuentran trabajando en el análisis detallado de las resoluciones emanadas desde el Comité, para anunciar durante la próxima semana las medidas que tomarán al respecto.
Desde las organizaciones miran con desconfianza lo que pueda ocurrir durante el próximo Gobierno, y exigen claridad a la presidenta electa frente a la inviabilidad del proyecto bajo las actuales condiciones.
