Andina 244 es un proyecto minero que actualmente desarrolla la empresa estatal Codelco, el que con una inversión de más de siete mil millones de dólares podría transformarse en la mina a rajo abierto más grande del mundo, la que posteriormente sumaría actividades subterráneas.

El proyecto se ubica entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana, abarcando las comunas de Los Andes, Lo Barnechea, Colina, Calle Larga, Til Til, Llay Llay, Hijuelas, La Calera, La Cruz, Quillota, Quintero y Puchuncaví, lo que representa una superficie de tres mil 280 hectáreas.

En conversación con el programa Semáforo de nuestra emisora, el abogado Jorge García, especialista en medioambiente y recursos naturales, explicó que el proyecto existe desde 1983 y que sólo en el último año ha alcanzado un impacto más mediático, a propósito de los plazos para presentar observaciones por parte de la ciudadanía.

Como representante de las comunidades de agricultores del Valle del Aconcagua, afectadas por este proyecto, aseguró que un tema que preocupa de manera general es la disponibilidad y calidad del agua, además de los cuestionamientos legales que se han planteado al que considera un complejo Estudio de Impacto Ambiental que presentó la empresa.

“Según Codelco necesita 353 litros por segundo de abastecimiento de agua fresca para su proceso productivo. Nosotros le pedimos a la Dirección General de Aguas que nos informara cuáles son los derechos que Codelco tiene en la zona y cuáles son los que están en proceso de tramitación. Y nos encontramos con que posee más de dos mil litros por segundo de derecho de aprovechamiento de agua en ese sector y en proceso de tramitación alrededor de mil 700 litros por segundo. Codelco no establece en su Estudio de Impacto Ambiental una evaluación de los impactos que ya produce más los que pretende producir con su nuevo proyecto”, explicó.

Andina 244 alude a la capacidad de tratamiento de 244 mil toneladas diarias de cobre, lo que implicaría un aumento de la producción anual a 600 mil toneladas de cobre fino.

En su descripción, Codelco establece que “la materialización del proyecto entregará al Estado de Chile más de 10 mil millones de dólares adicionales durante sus primeros 15 años y extenderá la vida útil de la División hasta el año 2085”.

En ese contexto, para el economista Julián Alcayaga, director del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y presidente de la ONG Chile Cobre, no se trata de un interés de la empresa, sino de quienes la dirigen, asegurando que un aumento de la producción de cobre implicaría una caída del precio del metal, donde la economía chilena sería la principal perjudicada.

“Es un perjuicio para la empresa, porque el proyecto implica aumentar al doble la producción de cobre, pero sin aumentar la capacidad de fundición y refinación, es decir, esto se exportaría en forma de concentrado. Y eso es absolutamente antieconómico, por lo que el Gobierno debería intervenir para no permitirlo, pues no existe ningún sentido en aumentar la producción de cobre en este momento, especialmente cuando el precio ha estado cayendo”, denunció.

Calificado por sectores opositores como el “nuevo Hidroaysén” o el “nuevo Pascua Lama”, desde Codelco proyectan iniciar el funcionamiento en el año 2021, donde no se descarta una implementación por etapas, lo que implicaría un incremento paulatino de la producción. Esto, ante la incertidumbre que genera la caída del precio internacional del cobre, las exigencias de las autoridades ambientales y el rechazo de las comunidades que se consideran afectadas.

Desde la perspectiva medioambiental, Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), apuntó a las nuevas instalaciones y la ampliación de otras existentes que considera el proyecto en la franja comprendida entre el Valle del Aconcagua y Quintero.

Asimismo, destacó el impacto sobre los glaciares y su importancia para el abastecimiento de los cursos de agua superficiales y subterráneos, a propósito de la afirmación de Codelco de que el proyecto sólo intervendrá glaciares de roca.

“Esto ha afectado las aguas de la cuenca del río Aconcagua, presentando una disminución drástica de los caudales de agua del río, pero también con situaciones de contaminación de las aguas. La preocupación sobre esta ampliación parte de una base donde ya existe un alto grado de afectación sobre los glaciares y los cursos de agua. Intencionalmente se ha presentado un proyecto haciendo casi ninguna valoración de lo que significa la destrucción de glaciares de roca”, aclaró.

En respuesta a las críticas, Codelco publicó un documento titulado “Siete mitos sobre el Proyecto Expansión Andina 244”, en el que la empresa desmiente las acusaciones sobre falta de transparencia, aludiendo a la exposición de 29 talleres en las comunas definidas como zona de influencia, así como reuniones informativas con autoridades, comunidades y servicios públicos.

En cuanto a la viabilidad legislativa que tendría el proyecto, el diputado socialista Luis Lemus, presidente de la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, además de integrante de la comisión de Minería, planteó la compleja situación que se genera respecto de ambas necesidades, agua y recursos mineros, particularmente en función de la principal empresa del Estado y los conflictos ambientales que esto involucra.

Por ello, consideró esencial conocer el proyecto con mayor profundidad, pero destacando el endeudamiento que afecta a Codelco y el rol que debiera tener el Gobierno en la posibilidad de llevar adelante una gran oportunidad como ésta, a partir de un modelo sustentable.

“Estos proyectos deberían realizarse al menos por etapas, para ir evaluándolos y conocer los verdaderos impactos sobre el medioambiente y lo que pasará efectivamente con los glaciares. El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet debería razonar bastante rápido para que Codelco pudiera tener un plan de capitalización que le permita ejecutar su plan de desarrollo y enfrentar temas ambientales”, propuso.

Actualmente el proyecto Andina 244 se encuentra paralizado y a la espera de la revisión de las más de dos mil observaciones que presentaron organizaciones ciudadanas al Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la empresa, donde además se le pidió a Codelco complementar otros estudios, lo que debiera concretarse a mediados de este año.

Todo esto, como parte de un proceso de evaluación donde aún no existe un permiso ambiental, lo que permite a los opositores del proyecto aspirar a tomar medidas preventivas.