Señor Director:
Actualmente no hay ningún país desarrollado que no haga una fuerte inversión en educación, pues reconocen que es una herramienta clave para la movilidad social, la integración y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Chile desde hace tiempo viene en una búsqueda de mecanismo para mejorar el acceso a la educación superior, logrando éxito en las cifras, en un notable aumento de cobertura, pero no en que sea la meritocracia la que permita a los estudiantes acceder a las mejores universidades o centros de formación técnica.
Uno de los instrumentos implementados como una gran solución en su época (año 2005) para facilitar el acceso hacia la igualdad de oportunidades fue el Sistema de Créditos con Garantía del Estado para Estudios Superiores (CAE). Antes de llegar a este sistema los estudiantes más vulnerables debían postular al Fondo Solidario de Crédito Universitario, el cual les permitía estudiar sólo en las universidades pertenecientes al CRUCH. Es decir que quienes quisieran estudiar en instituciones privadas, o no tuvieran otra posibilidad por el puntaje obtenido, quedaban sin poder postular y, como ellos provenían de una educación más deficiente, no lograban acceder a dichas casa de estudio, debiendo ingresar a instituciones de educación superior privadas y sin apoyo financiero de parte del Estado.
Sin embargo, sigue existiendo un problema de acceso creado por los requisitos establecidos para obtener el CAE. A los estudiantes que entran a primer año de una carrera profesional se les pide haber rendido la PSU y haber obtenido un puntaje igual o superior a 475 puntos para obtener el crédito; por otro lado, si el estudiante no rindió la PSU o tiene un puntaje menor a 475 puntos en alguna de las últimas tres PSU, acreditando un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5.3, podrá utilizar el crédito exclusivamente en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
Respecto a este último punto es donde se genera una problemática de acceso a aquellas universidades que cuentan con formación técnica administrada directamente, pues a las personas que desean optar por la formación técnica de nivel superior se les piden los mismo requisitos que para el que lo hará a una profesional para acceder al CAE, truncado así su sueño de alcanzar un título profesional, porque no pueden a futuro optar por una prosecución de estudios.
Hay consenso entre empleadores y autoridades en que se necesitan más personas con una sólida formación técnica para lograr un mayor nivel de desarrollo en el país (600 mil según cifras de la SOFOFA) y, por cierto, el contar además con un profesional que previamente tuvo una formación técnica aporta un mayor valor a su trabajo.
Por otro lado, la realidad mayoritaria de los alumnos que optan por una formación técnica nos dice que forman parte de familias con bajos ingresos, lo que no les permitiría financiar una carrera universitaria. Sin embargo, si con dos años de estudio logran aumentar sus remuneraciones, a veces en un 200%, se abre un espacio privilegiado para que puedan trabajar y continuar estudiando una carrera profesional. Por último, hay otro beneficio comparativo para los que optan por estudiar en universidades que también tiene formación técnica, puesto que se produce ya en el aula y en diversas actividades académicas una integración entre todos los que serán integrantes de los equipos laborales, logrando así que los futuros profesionales conozcan y valoren el trabajo de los futuros técnicos y viceversa, enriqueciendo su formación y derribando varios prejuicios que nos segmentan y producen injustas discriminaciones durante la vida laboral.
Estamos en un momento privilegiado para ejecutar cambios estructurales en educación, por eso quiero poner el acento en este punto sensible de la educación técnica, para que las necesarias nuevas formas de financiamiento público permitan superar efectos colaterales que, estoy segura, no fueron previstos y beneficien a un segmento importante de alumnos, probablemente los más vulnerables, que obtendrán mayores oportunidades laborales y pueden hacer un aporte significativo al país.
Romy Schmidt Crnosija
Directora General
Instituto de Carreras Técnicas de la Universidad Central
