No se realizó un proceso de consulta previa de acuerdo a lo establecido en el artículo seis del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y aun así la DGA aprobó el proyecto de la empresa Osorno S.A, criticado ya que inundaría terrenos de valor ceremonial para dirigentes mapuches, donde se ubica un cementerio ancestral y el llamado Ngen Mapu Kintuante, punto de conexión sagrada.

La Co directora del Observatorio Ciudadano y abogada patrocinante de este recurso de protección, Nancy Yáñez, explicó los fundamentos de esta nueva acción judicial: “Tiene que ver con el principio de igualdad y no discriminación. Y si recogemos específicamente las palabras de la Presidenta Bachelet, debemos dar cuenta de que efectivamente aquí se está generando un acto de discriminación intolerable, respecto al pueblo mapuche, cuya religiosidad se encuentra afectada por la inundación de un sitio ceremonial en donde se desarrollan las prácticas culturales y espirituales de este pueblo. El segundo fundamento del recurso es el derecho de propiedad ancestral. El tercer fundamento es el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”, explicó.

El recurso se dirige contra la figura del Director Nacional de la DGA, Carlos Estévez Valencia, y se solicita que se deje sin efecto la resolución que autoriza el proyecto y se imponga a los organismos del Estado materializar su deber de consultar a las comunidades.

Iniciativas como esta han desatado una fuerte resistencia de los comuneros. Un grupo de manifestantes está siendo procesado por la quema del fundo Pisú Pissué, por lo que fueron detenidos y sujetos a prisión preventiva durante más de un año en que se realizó la investigación del juicio que comenzará en abril.

La machi Millaray Huichalaf fue una de las figuras emblemáticas de este conflicto e integró la delegación que llegó ante los tribunales: “Hoy día existen más de treinta proyectos hidroeléctricos no tan solo en el río Pilmaiquén, sino también en el río Bueno y en la mayoría de los ríos de nuestro territorio. Hoy día hemos llegado hasta acá con bastante dolor  y sufrir ya que para  nosotros significa el punto de encuentro y el que nos da la fuerza para seguir  levantados como pueblo. Nos vemos invadidos y nos sentimos totalmente discriminados ya que no se nos deja seguir existiendo como pueblo, hoy día nosotros hablamos de un genocidio”, dijo.

Por su parte, el werkén de las comunidades de El Roble- Carimalín, Rubén Cañío, sostuvo que el problema va mucho más allá de la recuperación de este espacio puntal, sino que tiene que ver con el impacto a gran escala de las centrales hidroeléctricas en las comunidades donde se ubican: “Si uno va al sur de Chile en las provincias del Lago Ranco o Futrono, todos esos lados en la región de los Ríos, la gente tiene que recibir agua en camiones aljibe, porque está el problema de las centrales hidroeléctricas y de todo lo que contamina el territorio. Hay mucha escasez de este recurso vital para todos, no sólo de los mapuche, sino de toda la gente que vive en la tierra, en la región. Esto trae problemas y los va a traer a futuro”, advirtió.

Por todas estas razones es que, tanto desde la perspectiva de la integridad ambiental de la cuenca hidrográfica, como por ser un espacio que constituye la columna vertebral de la sustentabilidad del territorio mapuche de los recurrentes es que los dirigentes y sus abogados esperan que se acoja este recurso.