El 12 de diciembre de 2013 el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado en ese momento por Rodrigo Pérez, promulgó el Decreto N°1, firmado luego por el Presidente Sebastián Piñera, documento que modificó diversas materias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Sin embargo, las nuevas autoridades revirtieron el polémico documento, que fue calificado por diversas organizaciones como un respaldo legal para la proliferación de negocios inmobiliarios. La ministra de Vivienda, Paulina Saball, resolvió dejar sin efecto el cuestionado Decreto.

La medida fue celebrada por Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, y uno de los tantos opositores a aquel instrumento que, entre otras cosas, facilitaba la instalación de centros comerciales en barrios residenciales.

Junto con destacar el proceder del arquitecto Pablo Contrucci, nuevo jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, Herman se refiere a las consecuencias de la derogación.

“Aquí hay una especie de orden de no innovar, es decir, todo sigue igual. Aquí no ha pasado nada y los planos reguladores continúan tramitándose. Y ahora le corresponde a los diputados que conforman la comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano para que inicien la investigación correspondiente y así se conozcan las motivaciones que tuvo el ministro Rodrigo Pérez Mackenna para tramitar ese decreto absolutamente injustificado”, exige.

En relación a los planes reguladores, en enero entró en vigencia el nuevo plan del Barrio Matta Sur, en la comuna de Santiago, que regula la edificación en altura y el resguardo de inmuebles y zonas de conservación histórica.

El año pasado también fue aprobado el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval), instrumento de planificación urbana que permite definir los destinos en el uso de suelos, y que recientemente fue autorizado por la Contraloría General de la República.

Desde marzo la comuna de Independencia también posee su nuevo plan regulador que remplazó, como asegura su alcalde Gonzalo Durán, a otro obsoleto y alejado de las demandas ciudadanas y que permitía la construcción en altura indiscriminada, sin considerar la preservación de barrios patrimoniales y la naturaleza residencial de la zona.

Junto con destacar la participación ciudadana en el nuevo proceso, Durán apunta a la necesidad de alcanzar un equilibrio en sectores donde es posible el desarrollo inmobiliario, como ocurre con los principales ejes de la comuna, y aquellas donde se privilegia la protección del patrimonio.

“Crecemos en altura hasta diez pisos en los principales ejes y adicionalmente hacia los interiores de los barrios generamos alturas máximas que en algunos casos es de dos o tres pisos. Entonces eso permite un equilibrio entre desarrollo inmobiliario y protección de los barrios. Había un enfoque que privilegiaba el negocio inmobiliario, por lo que hemos introducido profesionales con un enfoque distinto y eso nos ha permitido también ir normalizando una relación que siempre es compleja con las empresas inmobiliarias”, aclara.

En cuanto al desarrollo y la calidad de las políticas sobre patrimonio y urbanismo, el arquitecto Alberto Gurovic, director del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile, plantea su preocupación por la fuerza que ha adquirido el derecho de propiedad, respaldado por las normativas de los planes reguladores, pero sin miramientos, por ejemplo, respecto de la relación con los vecinos.

Según el académico, esto significa un desastre ante la falta de acuerdos que debieran generarse sobre la constitución de la ciudad, lo que finalmente se traduce en una relación poco positiva entre las personas y el entorno.

“La sobrevalorización mercantil del espacio, por un lado, y en ese mismo papel el rol que tiene la propiedad del suelo por sobre otros derechos, que pudieran estar regulando la interacción social, está provocando una situación muy difícil que a largo plazo, por la forma en que construimos las ciudades, puede llegar a ser dolorosa. Si bien todavía subsiste un cuerpo de normas y una serie de pautas, la decisión final se toma en función de la fuerza de los intereses”, explica.

Cabe destacar que además de la derogación del Decreto N°1, Patricio Herman plantea la necesidad de que el Gobierno también debiera dejar sin efecto una resolución administrativa firmada por el anterior intendente Juan Antonio Peribonio, en la que se modificó el uso de suelo de diez mil hectáreas, definidas como agrícolas en el plan regulador de la Región Metropolitana, las que quedaron con el carácter de urbanas, proceso que, asegura, adolece de diversas ilegalidades.