La Presidenta Michelle Bachelet se reunió en La Moneda con los ministros del área económica, para analizar el proyecto de ley de reforma tributaria que se enviará al Congreso el próximo 31 de marzo.

Luego del encuentro, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, detalló que además de esta reforma, en abril el Gobierno anunciará las agendas de productividad, innovación y crecimiento, y también la de energía, como parte de los planes para inyectar dinamismo y reactivar la economía.

En respuesta, desde el Partido Progresista anunciaron su propuesta de reforma tributaria, la que aseguran no solo apunta a la recaudación, sino que a corregir la desigualdad, para lo cual se deben revisar los mecanismos e introducir tres elementos: el IVA diferenciado, un royalty a la minería y un impuesto específico a la riqueza financiera del uno por ciento, para aquellas personas que poseen activos por sobre el millón de dólares.

Además, consideran insuficiente la cantidad de ocho mil 200 millones de dólares contemplados por el Gobierno, al estimar que al menos se requieren trece mil millones de dólares, si realmente se aspira a reformar los sistemas de educación, salud y previsional.

El presidente de la Fundación Progresa, Marco Enríquez-Ominami, incluso hace un llamado a estar muy atentos a las presiones de los sectores empresariales que seguirán en aumento.

“Los chilenos no quieren una casi reforma tributaria, sino que una reforma tributaria de verdad. Y el riesgo está en la demora, por lo que es muy importante hacerlo pronto, porque las fuerzas conservadoras se van a articular. Lo hicieron todos los gobiernos de América Latina, cada vez que alguien habló de impuestos le dijeron que era una locura, porque íbamos demasiado bien o demasiado mal. Siempre buscan un argumento para decir que es nunca. Ojalá la reforma tributaria hable de desigualdad y no solamente de recaudación. Que se desarrolle en velocidad tendrá que ver con su éxito”, proyecta.

El diputado DC Pablo Lorenzini, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, asegura que si bien entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría existe consenso en varios de los puntos de la propuesta, no hay que olvidar que una reforma tributaria debiera durar a lo menos 20 años, por lo que es necesario analizar con cuidado si es que la cifra anunciada de ocho mil millones de dólares es suficiente.

“Los parlamentarios de la Nueva Mayoría tenemos bastante coincidencia, pero tal como se lo dijimos al ministro de Hacienda, escucharemos a todos con bastante apertura y no como durante el gobierno de Sebastián Piñera que llegaba un ministro, exigía discusión inmediata y partía al Senado. Ahí están los resultados de lo que ocurrió con sus partidos. Aquí habrá diálogo y debate. Y si la oposición tiene sugerencias, indicaciones o recomendaciones las escucharemos, pero reformas alternativas por ningún motivo, eso es simplemente para la galería”, advierte.

Desde la oposición, en tanto, acusan el efecto político de la reforma tributaria anunciada por el Gobierno, asegurando que más que presentar una contrapropuesta lo que les preocupa es analizar las posibles consecuencias de los cambios que se quieren implementar, tal como lo plantea el senador UDI Juan Antonio Coloma, integrante de la comisión de Hacienda.

“Hasta ahora se habla de reforma tributaria, pero en el fondo lo que se está transmitiendo es un alza tributaria. Entonces más que contrapropuesta nosotros estamos analizando los posibles efectos de los cambios tributarios. Nos preocupa cuál es el verdadero objetivo de esta reforma, pues no será que al final se esté haciendo explotar al país en materia social y económica, y por supuesto que esto tiene un efecto político innegable”, denuncia.

Por su parte, el economista Gonzalo Durán, de la Fundación Sol, asevera que no existe un estudio que demuestre que con ocho mil 200 millones de dólares de recaudación se pueda financiar una reforma educacional con las características que se ha planteado.

Asimismo, afirma que se trata de una reforma “coja”, que mantiene la figura en la que finalmente solo las personas pagan impuestos, pues técnicamente las empresas no lo hacen, lo que no se condice con el camino propuesto de reducir la desigualdad por la vía de la acción fiscal.

“Lo que intenta dar la nueva administración es una señal más bien política que podría verse afectada en el futuro cuando se demuestre que esos montos no son los adecuados. Y por otro lado cuando se plantea que es una reforma que apunta a atacar la desigualdad se contradice con el hecho de que no se toque, por ejemplo, la integración tributaria entre lo que pagan las personas dueñas de las empresas y el impuesto que pagan las propias empresas. Esa situación, que también es única en el mundo, en esta reforma no se toca ni un ápice y eso de alguna manera es una señal para el empresariado”, explica.

Cabe destacar que el próximo 7 de abril el ministro de Hacienda visitará el Congreso para exponer, ante la comisión mixta de Presupuesto, los detalles del proyecto de ley que ya estará ingresado.