La iniciativa contempla el congelamiento de precios, con la condición que se decrete un estado de excepción y que aquéllos sobrepasen en 20 por ciento el costo normal, además de crear el delito de saqueo agravado.

Las medidas corresponden al proyecto de ley presentado por los diputados del movimiento Amplitud Karla Rubilar y Joaquín Godoy, y que busca evitar que se repitan escenarios de especulación como los registrados en las comunas del norte del país, luego del terremoto del 1 de abril.

Cabe recordar que como consecuencia del terremoto que afectó a las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, han surgido diversas denuncias en contra de comerciantes que aumentaron el precio de los productos básicos, como ha ocurrido con el kilo de pan, con un precio que llega a los tres mil pesos, y el bidón de agua, que alcanza los cinco mil.

A esto se suma lo ocurrido con la aerolínea LAN, que elevó las tarifas de los pasajes a las zonas afectadas a cerca de 350 mil pesos.

Precisamente este tipo de acciones son las que se buscan evitar con el proyecto, como sostuvo el diputado Joaquín Godoy, quien aclaró que existen excepciones.

“Los precios responden a la conveniencia, a los costos de producción, a los costos de transporte, a una serie de variables. Cuando esas variables no cambian y usted sube indiscriminadamente los precios, lo que está haciendo es básicamente especular. Y nosotros no creemos que la especulación sea buena, especialmente en instancias como esta. Ahora, si el vendedor estima que los costos de transporte, pasado un mes y medio, subieron producto de la dificultad para hacer llegar los productos, esas son razones suficientes para que el vendedor pueda subir los precios”, explicó.

Sobre la posibilidad de que se intervengan locales comerciales para distribuir alimentos, como en el caso de los supermercados, se refirió la diputada Karla Rubilar.

“La verdad es que nosotros no hacemos esa modificación. Lo que sí hacemos es que en el caso que se determine que existe especulación de precios por sobre el 20 por ciento se sancionará penalmente, se entregará una multa entre 5 y 15 UTM y se van a decomisar todos los bienes de ese local. Lo que agregamos es que se perderá toda la mercadería del lugar en el que se está especulando con los precios”, manifestó.

Respecto de la situación de otros casos de especulación, como los precios de las frutas y verduras cuando se producen heladas o sequías, o lo que ocurre con las tarifas del transporte en fines de semana largo, Godoy afirmó que “en muchos de esos casos las alzas están justificadas, pero si se detecta que no existe justificación técnica éstas serán sancionadas, siempre y cuando se enmarquen en un estado de excepción”.

Para la Corporación Nacional de Usuarios y Consumidores (Conadecus), este proyecto es un avance, especialmente por considerar un tema que la organización ha perseguido desde hace años y que incluso ha trabajado en proyectos de ley que no han prosperado en el Parlamento.

Así lo aseguró el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, al reconocer que “es una buena medida para ponerle término a estos abusos que finalmente no tienen mucho que ver con especulación, como es el caso de las heladas, sino que simplemente se trata de aprovechar el momento para obtener más rentabilidad por un producto que no tiene un mayor costo para ellos”.

Respecto del delito de saqueo, los parlamentarios aseguraron que es necesario aumentar la pena, para lo cual presentaron la modificación inspirada en la legislación estadounidense, donde se han generado grandes catástrofes.

“Que la sanción empiece por cumplir una condena de cinco años. Sabemos que en las situaciones de estrés, de miedo, de dificultad que generan las catástrofes hay personas que se aprovechan de esto, entran y saquean lugares, bienes inmuebles e incluso domicilios”, argumentó Karla Rubilar.