El Tribunal Constitucional (TC) tiene un plazo de 20 días para emitir un fallo luego de escuchar los alegatos de las partes en el requerimiento de un grupo de senadores de la Alianza, que busca revertir la determinación de la Cámara de Diputados que rechazó gran parte del veto presidencial enviado en el marco de la discusión del proyecto de ley de Televisión Digital, durante la pasada administración.

El abogado de la parte requirente, Miguel Ángel Fernández, reiteró el argumento de los legisladores de la UDI y Renovación Nacional, que reclamaron la inconstitucionalidad del acuerdo presentado por entonces presidente de la Cámara Baja, Edmundo Eluchans (UDI).

El profesional aseguró que el contenido del veto se ajusta a las ideas matrices del proyecto y se refirió a los alegatos de su contraparte, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Presidenta de la República: “Me parece que queda claro, que ella adhiere a esta declaración de inadmisibilidad de las observaciones presentadas por el presidente Piñera, porque como dijo la representante de la Presidenta tienen una  noción de televisión distinta. Esa es una cuestión de diferencias políticas legítimas en que el presidente planteó sus observaciones, pero eso no significa que sean contrarias o no a las ideas matrices, significa que hay una visión política distinta. Habrá que introducir, si es que el proyecto se terminara aprobando como creemos que debería ser, modificaciones a la ley en el caso que las mayorías hayan cambiado”, aseguró.

Este es justamente el argumento del abogado representante de la Corporación, Reinaldo Núñez, quien explicó que la propia Constitución ampara la decisión de Eluchans.

En la Carta Magna se señala que “en ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto”.

La Presidencia de la República se presentó también a los alegatos, a través de la abogada representante Paulina Veloso, quien solicitó rechazar el requerimiento, asegurando que múltiples números del veto atentan contra la idea central del proyecto, por cuanto este busca fortalecer la pluralidad en la televisión pública.

La abogada se refirió a la eliminación de temas en campañas de utilidad o interés común, las horas de programación cultural que se buscan reducir, la supresión del concepto de pluralismo en los noticiarios, la disminución de facultades para la Fiscalía Nacional Económica y otros aspectos como la temporalidad de las concesiones.

Según Paulina Veloso, se plantean claramente dos modelos de televisión, con lo que justificó la postura del Ejecutivo.

A su vez, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, dijo que estos aspectos se revisarán considerando el adecuado respeto hacia el rol legislador: “Es parte de las argumentaciones y de lo que tenemos que decidir. Yo puedo decir con toda certeza que el Tribunal Constitucional, a lo largo de su historia, ha actuado siempre con gran deferencia hacia el legislador, lo cual no implica que el TC, cuando se trata de defender la supremacía de la Constitución, no tenga que ejercer sus propias atribuciones. Ahí está parte del equilibrio del Estado de derecho”, dijo.

La autoridad del TC dijo que por ahora no se puede adelantar ningún tipo de opinión y explicó que, por el momento, lo que corresponde es delimitar si existe o no conflicto constitucional y si se constata,  determinar sobre qué punto.