Si bien el Gobierno ha sostenido en reiteradas oportunidades que se pondrá fin a la política que impulsaba las concesiones hospitalarias, diversos dirigentes de la Salud miran con desconfianza la unidad de la Nueva Mayoría en este tema.

Esto principalmente por la señal que, sostienen, ha dado el bloque oficialista en la sugerencia de cargos, considerando que se nombró a Juana Silva Opazo en el hospital Sótero del Río, quien ha defendido que el hospital se concesione, así como al doctor Carlos Altamirano, iniciador del proyecto de la reposición de la concesión de El Salvador Geriátrico. El presidente de los trabajadores de este establecimiento, Raúl Villanueva, indicó que no todos los administrativos correspondientes se han pronunciado a favor de la supuesta nueva política de refuerzo estatal y apuntó a la DC como motor de esta incongruencia.

Al respecto señaló que existe un sector de la DC que “ha defendido desde el inicio que los hospitales sea construidos a través del sistema de concesiones. Lo que ocurre ahora en la práctica es que este sector está haciendo lobby, para que las concesiones que quedaron ad portas de salir en la administración anterior, puedan hoy día ver la luz y es por eso que estamos preocupados”, señaló.

Los gremios han venido denunciando la privatización encubierta de la Salud por la vía de las concesiones, lo que ahora será materia de investigación según aprobó este miércoles la Cámara de Diputados.

Desde la Democracia  Cristiana rechazan de plano estas acusaciones. Así lo indicó la senadora Carolina Goic, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta: “La decisión es clara, es no continuar con las concesiones, pero también dar un fuerte impulso a la construcción de infraestructura hospitalaria. Ahí hay un plan bastante ambicioso que busca dejar en estos cuatro años de Gobierno, veinte hospitales construidos, veinte en proceso de construcción y veinte en estudio, es decir, sesenta hospitales en distintas etapas y esto construido por el Estado. En esto hay una sola voz”, aseguró.

La diputada fue clara en afirmar que se debe seguir adelante con los casos de concesión donde existen contratos firmados y en revisión de Contraloría, respetando los acuerdos. Sí sostuvo que se puede dar pie atrás con los procesos “en curso”. Con esto coincidió la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), tal como sostuvo su presidenta, Gabriela Farías: “A estas alturas todavía se puede porque según indica la ley, mientras estos procesos de concesión no estén publicados en el Diario Oficial, todo el procedimiento previo se trata de una mera expectativa de un negocio. Entonces se pueden haber hecho todos los procesos hacia atrás, pero aún no se ha comprometido un negocio, en este caso una construcción. El Gobierno podría, si no le doblan la mano, detener y anular el proceso”, sostuvo.

En ese caso, correspondería al Estado pagar multas o devolver el dinero que las empresas han gastado en inversión o en diseño. Sin embargo, sostuvo la dirigente, cuando se evalúan los montos se aprecia que es mucho más económico que seguir con las concesiones.

De hecho, un estudio de la Fundación Creando Salud indica que el Estado paga un 35 a un 40 por ciento más que si construyera los recintos por otra vía, lo que se explica en gastos por los subsidios fijos de construcción, subsidios variables, aquellos que se entregan para la operación de los establecimientos, entre otros recursos. En síntesis, según señala la organización, el concesionario tiene demasiados mecanismos para cobrarle al Estado, hasta superar incluso el monto que a éste le tomaría levantar sus propios hospitales.