Como parte del cumplimiento de las leyes de probidad y transparencia, la Presidenta Michelle Bachelet declaró un patrimonio de 205 millones de pesos. Mediante el mismo procedimiento solo seis ministros –Jorge Burgos, Máximo Pacheco, Claudia Pascual, Alberto Arenas, Helia Molina y Luis Céspedes– hicieron lo propio, incluyendo la valoración de sus bienes.

En el caso de los parlamentarios, once senadores valorizaron su patrimonio, mientras que los diputados aún tienen plazo hasta la próxima semana.

El resto de las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, presentaron declaraciones incompletas, sin especificar valores, aspecto que contempla la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y que otorga el carácter de voluntariedad respecto de la difusión de montos o avalúos del patrimonio.

Con esos antecedentes, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, asegura que el ejercicio de un cargo público implica someterse a mayores estándares de transparencia.

Por ello, apunta a la necesidad de que las declaraciones no sean de carácter voluntario y evitar cualquier tipo de conflicto de interés, recordando de paso que “hay un proyecto de ley de probidad que se está discutiendo y que mejora las declaraciones de interés y patrimonio, obligando a declarar una vez que termina el periodo del cargo público, de tal manera de poder comparar la situación patrimonial antes y después de ejercer una determinada función pública”.

Además, plantea la importancia de la fiscalización que debiera realizar el Consejo para la Transparencia, donde según Heusser, si bien “la ley obliga a los funcionarios y servidores públicos a declarar o actualizar cuando existan cambios relevantes dentro de la declaración de interés y patrimonio, en la práctica no se observa proactividad en la revisión de esas declaraciones. Es importante que exista un tercero que pueda fiscalizar cada vez que haya cambios importantes. Pero no solamente hacerlo al momento de ejercer un cargo público”.

Raúl Urrutia, ex presidente del Consejo para la Transparencia, aclara que dicha instancia no posee la facultad fiscalizadora, sino que es a partir de la aplicación de la ley de acceso a la información pública que el Consejo puede actuar, agregando que las declaraciones de patrimonio están bajo la tutela de la Contraloría General de la República.

“Todas las personas somos iguales ante la ley, pero quienes optan a ejercer cargos públicos tienen la obligación moral de dar a conocer su patrimonio, cuando uno ingresa y cuando uno sale del servicio público”, explica Urrutia, agregando que “existe un vacío de la ley, ya que ésta debería señalar exactamente que se determine cómo se establece ese monto de patrimonio”.

Esto, según el abogado, porque podría establecerse un monto bastante abultado respecto de un bien inmueble, para los efectos de que una vez que se egrese del ejercicio del servicio público se argumente que se mantiene el mismo patrimonio, en circunstancias que esto permitiría ocultar cantidades de dineros obtenidas de manera irregular.

Con el objetivo de perfeccionar la legislación, el gobierno de Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley sobre probidad en la función pública, iniciativa que propone la obligatoriedad de detallar los montos de los bienes declarados y que se encuentra actualmente en segundo trámite legislativo en la comisión de Gobierno del Senado.

Como integrante de la comisión de Ética en la Cámara, el diputado Vlado Mirosevic, si bien destaca que hoy el Congreso es bastante más transparente que hace cinco años atrás, en cuanto a sueldos, asignaciones y asesores, su mayor preocupación radica en los conflictos de interés y el lobby que ejercen importantes grupos.

“Creo que las autoridades pueden aumentar su patrimonio, pero en la medida que sea justificado, así es que me gustaría avanzar más en este tema, en el que se debe ser más riguroso. Me preocupa, pero no tanto, la cuestión de los parlamentarios. Más me preocupa lo que deciden, los conflictos de intereses que tienen y el lobby que realizan grandes grupos hacia parlamentarios en particular y especialmente hacia las coaliciones como partidos”, detalla.

Asimismo, para el diputado “Chile es aún un terreno muy desregulado. Hemos avanzado algo con la Ley de Lobby, pero aún es una ley con los brazos cortados”.

Cabe destacar que respecto de los parlamentarios, la Ley Orgánica del Congreso establece que sus declaraciones de patrimonio e intereses tienen el carácter de consulta pública, donde tanto senadores como diputados están sujetos a multas de 10 a 30 unidades tributarias mensuales en caso de no cumplir con la normativa.