Luego de las críticas y acusaciones que emitiera la Corte Suprema contra la comisión investigadora del Caso Sename, por considerar que ha afectado el principio de separación de poderes al intentar fiscalizar al Poder Judicial, otros protagonistas se han sumado a la polémica.

El informe de la comisión investigadora plantea la posibilidad de acusar constitucionalmente al juez Héctor Carreño, a quien se le indica como responsable de impedir que las denuncias llegaran al Ministerio Público.

Así lo confirma el presidente de la comisión, René Saffirio (DC), quien afirma que se están recopilando los antecedentes y que la posible destitución de un ministro del máximo tribunal representaría una potente señal para evitar que continúen los abusos contra niños y niñas.

Desde el ámbito jurídico esto es visto como un error, tal como lo plantea el abogado Enrique Navarro, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, para quien la Cámara puede fiscalizar los actos del Gobierno, pero no del Poder Judicial.

Según el abogado, “la propia Cámara se inhabilitó para conocer la acusación por haber emitido una opinión anticipada sin escuchar al afectado”, agregando que “la acusación constitucional procede en casos excepcionales y graves por notable abandono de deberes, cuando un juez de un tribunal superior no cumple las funciones que establece la Constitución, lo que no corresponde en este caso”.

El académico explica que el informe tendría un vicio de nulidad e inconstitucionalidad al inmiscuirse en un poder autónomo del Estado.

Por contraparte, el psiquiatra Rodrigo Paz, presidente de la Corporación Sofini, acusa que lo que ha hecho el pleno de los magistrados es sepultar las esperanzas de que bajo la conducción del ministro Sergio Muñoz habría una intención de rectificar los errores en la investigación que plantea la posibilidad de abusos sexuales contra niños y niñas del Sename.

Rodrigo Paz subraya la responsabilidad del ministro Carreño, acusándolo de ser “un juez corrupto y que ocultó información que indicaba que habían niños que estaban siendo severamente maltratados, con peligro para sus vidas, en hogares del Sename. Y si esa falta no es posible que sea investigada por el Congreso Nacional, por razones legales o constitucionales, al menos lo que uno esperaría del Poder Judicial es que ellos mismos tomen las medidas y le pidan la renuncia al magistrado Carreño”.

Asimismo, denuncia que “la argumentación que ha dado la Corte Suprema es de una inmoralidad sin límites, porque finalmente ellos en ningún momento se pronuncian sobre el fondo del asunto”.

Desde la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), su coordinadora ejecutiva, Francis Valverde, plantea que el informe de la comisión carece de propuestas concretas y solo da cuenta de la precariedad del actual sistema de protección de derechos.

Esto, por considerar que definitivamente los niños y las niñas siguen siendo postergados y no visualizados como sujetos de derecho.

Proyecto de ley que divide el servicio

En cuanto al proyecto de ley que busca reformar el Sename, Francis Valverde apunta a las prioridades que ha instalado el Consejo Nacional de la Infancia, es decir, una ley de protección de derechos y una institucionalidad de la infancia.

“Hemos peleado y seguiremos peleando para que no se trabaje la división del Sename hasta que se establezca una ley de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Es fundamental que previo a cualquier división del Servicio exista una ley marco que dé cuenta de los derechos de todos los niños y niñas, y no solamente de los más vulnerables e infractores de ley, dentro de la cual estén ellos. Y por otra parte que dé cuenta de la institucionalidad que se requiere”, aclara.

Cabe destacar que el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, presentado durante el gobierno de Sebastián Piñera, busca separar las funciones del Sename con la creación de un Servicio Nacional de Infractores de Ley y de otro Servicio Nacional para niños y adolescentes vulnerados en sus derechos. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, ha iniciado un trabajo de análisis respecto de este documento.