En la apertura de la conferencia internacional Net Mundial, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que “ningún país puede tener más peso que otro en la gobernanza de internet,” la cual, a su juicio, debe estar basada en el respeto a los “derechos humanos, la privacidad y la libertad de expresión”.

La cumbre que reúne a representantes de más de ochenta países, surgió luego de las denuncias sobre espionaje internacional que tuvo a Brasil como uno de los principales afectados por estas prácticas.

Las revelaciones del ex agente de Inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden, actualmente asilado en Rusia y perseguido por protagonizar una de las mayores filtraciones de información clasificada de ese país, indicaron que la presidenta brasileña, así como también empresas estatales de Brasil, fueron espiadas por el gobierno estadounidense.

Juan Carlos Lara, director de contenidos de la ONG Derechos Digitales, explicó que estos antecedentes motivaron a que Brasil intente tener un liderazgo especial en esta materia y entregue un respaldo político a las iniciativas de regulación y derechos en internet: “Si bien uno puede mirar con escepticismo que se cree un nuevo espacio para que los países discutan la gobernanza en internet, lo cierto es que ahora viene acompañado de un ánimo distinto, de una intención política más fuerte y clara que apunta en el sentido de impedir la hegemonía de ciertos países, de reforzar el multisectorialismo, de impulsar una agenda más centrada en derechos y, en el caso de Brasil, de demostrarlo con acciones”, señaló.

Avances de regulación en Brasil

Entre las medidas adoptadas por el gobierno brasileño en respuesta a las acciones de espionaje, está la reciente aprobación del proyecto de ley conocido como  Marco Civil de Internet, un conjunto de normas que define los derechos, garantías y obligaciones de los usuarios de los servicios de datos en ese país.

La ley que integró propuestas de la sociedad civil, el gobierno, las universidades y especialistas contempla la neutralidad de la red que garantiza la igualdad de los servicios prestados a todos los usuarios; además, regula la privacidad de los datos de los ciudadanos y registros de conexión y deja en la ilegalidad la colaboración de empresas con departamentos de espionaje de Estado.

A nivel global, algunos sectores apuntan a defender un modelo menos controlado por países como Estados Unidos, mediante la mantención de internet como un espacio autorregulado con la participación de diversos interesados, un modelo denominado multisectorial. Pese a los cuestionamientos sobre la eficacia y la lentitud técnica, este sistema continúa siendo el que ofrece mayores garantías respecto de uno centrado en el control de ciertos países.

Alejandro Morales, periodista digital de la Universidad de Chile explicó que la ICANN, que es la entidad mundial que regula Internet, es privada y propiedad de Estados Unidos, lo que determina el rol que ejerce este país actualmente. El académico apuntó a la necesidad de cambiar desde una lógica de propiedad hacia una mirada más colaborativa y libre del ciberespacio.

Al respecto consideró que “técnicamente no tiene sentido mover los servidores que funcionan en California, pero sí en relación a la participación política hace falta que Estados Unidos se abra a la participación de un directorio o una mayor representación para que participen más países, tal  como funcionan los organismos multilaterales. Hoy internet es un asunto de primera línea, entonces así como existen organizaciones vinculadas a la salud, a la pobreza y a la economía, internet no tendría que ser ajeno a eso. Pero aquí hay un doble juego, porque los países que intentan entrar ahí es porque tienen la misma intención de regular. Existe una paradoja entre la sensación de libertad que da internet y también de quiénes quieren tener el control técnico y político que eso demanda, que hoy lo detenta de manera unilateral EE. UU.”, explicó.

El riesgo de normas estadounidenses en Chile

Carolina Gainza, académica de la facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales y miembro de la organización Manzana Mecánica abocada a la cultura libre e innovación social, apuntó a que Chile debe cuidar los tratados de libre comercio que se están impulsando en este ámbito. Entre ellos señaló el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), iniciativa que entre otras normas, pretende regular temas de propiedad intelectual y manejo de datos privados.

La académica se refirió a los riesgos que implica este tratado para los usuarios de servicios digitales en Chile, que principalmente “lo que hace es  importar las normas estadounidense a nuestros países, lo cual implica regulaciones mucho más fuertes en términos de propiedad intelectual. Además provocaría que las industrias culturales locales tengan un peso menor en comparación con la entrada de productos culturales estadounidenses a Chile. Por otro lado, respecto de los datos privados, las empresas de telecomunicaciones e internet van a tener acceso a lo que hacemos nosotros con esos servicios, lo que significa un avasallamiento de la privacidad de las personas”, sostuvo.

Los desafíos locales apuntan al ámbito regulatorio, porque pese a que existen leyes en neutralidad de la red y de propiedad intelectual, son sistemas que, a juicio de los expertos, se pueden mejorar y que se deben mantener de manera efectiva, además de defenderlos de intentos reformadores como la firma del TPP.

Los especialistas apuntan a que la mejor forma de resguardar internet no pasa tanto por lo técnico, sino por la mantención de estándares altos de derechos humanos, que permitan que internet no se convierta en una herramienta de opresión y que se mantenga como un canal de expresión y comunicación.