Hace algunos días la justicia absolvió a ocho gendarmes de todas las responsabilidades que se les imputaban por la muerte de 81 reos en la cárcel de San Miguel, producto del incendio del 8 de diciembre de 2010.

Según el veredicto, existe una “desprolija relación de los hechos contenida en la acusación” y un intento de “amoldar” lo ocurrido por parte de la Fiscalía. En suma, una presentación “fallida” del Ministerio Público que no cumplió con las “exigencias probatorias” para acreditar la responsabilidad de los imputados.

En ese contexto, para el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Joe González, la determinación de la Sexta Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago reafirma el abandono del sistema carcelario por parte del Estado y de los gobiernos de turno, los reales responsables de la tragedia, apuntando a la necesidad de cambios sustanciales para lograr un sistema penitenciario justo, tanto para la población penal como para los funcionarios.

Respecto de los gendarmes absueltos, aclara que “algunos están cumpliendo funciones, mientras que otros no. Debe ser la institución la que determine si efectivamente se reintegrarán, porque aparte del tema judicial también hay un tema administrativo, que es un sumario. Existen casos en que alguien es absuelto por la Justicia, pero puede ser declarado culpable en el sumario administrativo, o al contrario”.

Además, asegura que “es importante que este tema continúe para pesquisar las verdaderas responsabilidades. Los gendarmes en general no somos responsables de las políticas que se aplican en la institución. Hemos denunciado permanentemente todas estas falencias y abandono, pero nunca hemos sido escuchados, porque la cárcel no le interesa a nadie”.

Entre los querellantes, y en representación de familiares de las víctimas, se encuentra el abogado Rodrigo Román, de la Defensoría Popular, quien insiste en que políticamente nadie se ha hecho cargo del tema.

“Lo que debiera ocurrir es que el Ministerio Público de oficio iniciara una investigación al respecto. Lo que deja entrever el tribunal en el veredicto es que no se agotaron todas las aristas y las líneas investigativas que correspondían. Lo que se dice es que esos ocho acusados no tienen responsabilidad penal, pero se deja entrever que hay responsabilidad penal respecto de otros, que no fueron formalizados ni acusados. Entiendo que habría responsabilidades al menos del ministerio de Justicia, de la Dirección Nacional de Gendarmería y otros”, detalla.

En cuanto a las posibilidades que proyecta, reconoce que “por lo pronto vamos a esperar el fallo definitivo, para leer el contenido completo y pormenorizado. Por supuesto que siempre está la posibilidad de una denuncia y demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

A propósito de la posibilidad de iniciar una nueva investigación, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe, aclara que teóricamente siempre es posible, aunque es difícil en un caso como éste, considerando el convencimiento de la Fiscalía a partir de los antecedentes que ya se conocieron.

Por otra parte, afirma que los jueces son soberanos en sus decisiones, pero los fiscales, si bien acatan las resoluciones judiciales, no están obligados a estar de acuerdo con ellas. Incluso, manifiesta su extrañeza y preocupación por lo que considera un error de los jueces de este caso, a propósito de afirmaciones que han emitido y que no están obligados a respaldar posteriormente.

“Lo más complejo desde el punto de vista comunicacional han sido los dichos de los jueces, quienes, en una actitud muy extraña, en todos los años que llevo como fiscal, aparecen haciendo una crítica que va más allá de lo que habitualmente contiene un veredicto. Esto de que los verdaderos responsables están afuera, de que hay que buscar a los auténticos culpables, la verdad es que nunca lo había visto en un fallo y me llama poderosamente la atención. No entiendo por qué en esta causa los jueces salen con este tipo de comentarios”, asevera.

En cuanto a la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales, el abogado penalista Pedro Bueno, ex director ejecutivo del Ministerio Público, aclara que en este caso no se podrían determinar responsabilidades penales individuales. “Pueden hacer otro tipo de condenas genéricas, como exigirle al Estado que adopte determinadas medidas. Pero en instancias internacionales no se pueden llegar a establecer responsabilidades penales de personas o ciudadanos chilenos por hechos ocurridos en Chile”, concluye.

Cabe destacar que la sentencia definitiva será emitida por el tribunal el próximo 13 de junio, después de cuya lectura existe un plazo de diez días para presentar un recurso de nulidad.