La denuncia fue realizada por el propio director del organismo, Alberto Pizarro Chañilao, quien detectó eventuales ilícitos en los que se habría incurrido durante la administración del Presidente Sebastián Piñera.

Serían 15 casos en 10 procesos de compra de tierras y 5 licitaciones realizadas entre 2011 y diciembre de 2013.

Los principales hallazgos, obtenidos de una muestra aleatoria de 15 carpetas, corresponden a irregularidades administrativas que podrían constituir delitos como fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.

Antes de entregar los antecedentes al fiscal Miguel Ángel Velásquez el Director afirmó: “Nos encontramos en un momento histórico en que la Presidenta Bachelet ha manifestado su voluntad de someter a consulta la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, por lo que nuestra intención con esta denuncia es sentar las bases de la nueva institucionalidad indígena de forma transparente”.

La CONADI también denunció la destrucción de documentos y borrado de archivos computacionales en 11 computadores saboteados en la oficina de Corporación que están siendo periciados por el caber crimen de PDI y aún no se conocen los resultados. Estos datos han ido corroborando

Abogados, notarios y personas no indígenas que para obtener subsidios de tierras o la calidad de indígenas estarían realizando matrimonios y divorcios “Express”, lo que estaría ocurriendo también en otras regiones del país.

Al respecto Pizarro sostuvo que es importante que “no existan dudas de que los recursos de todos los chilenos se están utilizando de buena forma con nuestros pueblos indígenas”. Pizarro añadió que se debe identificar a los responsables, y así transparentar la acción de la institución, donde el 99 por ciento de los funcionarios no tiene ninguna relación con esto.