Este martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo impulsado por el independiente Vlado Mirosevic, quien solicita a las reparticiones del Estado optar por software libres.
El también independiente Gabriel Boric celebró la mayoría alcanzada y sostuvo que la iniciativa no pretende arbitrariedades: “Que se prefiera el software libre antes de los software patentados, esto con el objetivo de abaratar costos del Estado, hay que recordar que el Estado gasta miles de millones de dólares anuales en patentes de diferentes programas que se pueden conseguir gratuita y colaborativamente. Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que avanzar hacia la colaboración por sobre la competencia y eso es precisamente la lógica que está detrás del software libre, además nosotros sabemos que hay una serie de intereses creados y contubernio entre las grandes corporaciones de software y muchos políticos también, a nosotros nos interesa tratar de romper con eso”
Por su parte, Francisco Vera, director de incidencia pública de la ONG Derechos Digitales, opinó que la iniciativa involucra un tema de soberanía tecnológica, “donde las tecnologías que usamos no solamente vienen de un proveedor que no sabemos cómo se construyó su software, sino que al mismo tiempo, vienen de fuentes abiertas donde colabora una comunidad activa. Y muchas veces esto tiene externalidades positivas, desde el punto de vista de los derechos humanos, mayor privacidad, mayor acceso al conocimiento, mayor libertad en general”, expresó. Sin embargo, no pudo evitar emitir algunas advertencias.
“Obviamente cualquier normativa que recoja esta obligación de usar software libre tiene que considerar también que en algunas reparticiones y en algunos casos tendrá que tener excepciones que sean razonables para el uso de software privativos o dejar un plazo de migración para que desde el punto de vista de políticas públicas esta decisión no termine generando un problema más grande del que pretende solucionar”, indicó.
Desde la ONG Cívico, su director ejecutivo, José Huerta, afirmó que se puede producir un efecto de ahorro en la medida en que la oferta de software libre sea “buena” o compatible con los intereses del Estado en cuanto a estabilidad, seguridad o prestaciones que podría también ofrecer el software propietario.
“Cualquiera de las decisiones que tome el Estado, ocupar software propietario o software libre, tiene que estar acompañado por la utilización de estándares abiertos, que es básicamente que la información que sale de los organismos del Estado venga en un formato de archivo que sea compatible con cualquier tipo de software que lo permita leer”, señaló Huerta.
La investigadora en periodismo multimedia Patricia Peña, académica de la Universidad de Chile, aventuró que si el proyecto continúa adelante, el país seguiría un patrón en la región, cuando por ejemplo, la administración pública en Brasil ha optado por el software libre. Asimismo, aclaró que esta opción no es sinónimo de software gratuito.
“Básicamente son aplicaciones que su principal característica es su posibilidad de acceder al código fuente y por lo tanto realizar modificaciones que puedan ser útiles para realizar por ejemplo mejoras de ese software de manera mucho más transparente, lo que lo distingue del software propietario donde uno compra una especie de caja negra cerrada donde programadores y desarrolladores no pueden modificar esa aplicación o ese programa”, afirmó la académica.
Por último, el diputado Boric adelantó que el paso siguiente del proyecto de acuerdo será presentarlo con sus alcances a la Secretaría General de la Presidencia.
