La semana pasada, se aprobó en la Cámara de Diputados proyecto que modifica las leyes que actualmente rigen al Ministerio de Energía.

Si bien el objetivo principal de la iniciativa busca dotar al ministerio de la representación político administrativa, que tiene otras carteras, permitiendo la nominación de secretarios ministeriales de energía en cada región de Chile (a la fecha habían solo 6 que cubrían más de una región), el documento también busca consagrar la participación ciudadana dentro del desafío que significa construir una política energética país que reúna los aportes de los trabajadores, empresarios, académicos, parlamentarios, comunidades, etc.

La necesidad de energía está relacionada con el desarrollo del país pero también a exigencias ambientales que ponen en el centro la calidad de vida de las personas. Que además se acopla a la participación de los pueblos originarios mediante el convenio 169 de la OIT al que Chile se suscribió y que obliga a contar con la opinión de estos.

El diputado comunista Lautaro Carmona, integrante de la Comisión Nacional de Energía, valoró la existencia de mayor participación ciudadana a pesar de que esta no sea vinculante, exceptuando, según el representante, a los pueblos originarios que sí deberían ser considerados.

“En los que se refiere al resto de la comunidad, no es obligatoriamente vinculante, porque en general la institucionalidad chilena no tiene iniciativa de ley ciudadana, ni por tanto tiene participación vinculante en las decisiones, pero yo valoro que a lo menos políticas de gobierno en el plano de la energía estén establecido la promoción de la opinión y participación ciudadana”, dijo.

La idea, aclara Carmona, es que el ministerio tenga una actitud, una política, que pueda convocar a los distintos actores para discutir sobre los proyectos que se realizarán en cada localidad, dotándolo con esa función.

“Dotar al ministerio significa, no necesariamente un organigrama, sino una política que convoque a la ciudadanía organizada. Esto se hace desde la unión comunal de juntas de vecinos, desde la CUT y los sindicatos, desde los centros estudiantiles y el mundo académico y realiza intercambios paneles, comisiones, para luego a través de sus autoridades (ministeriales como seremis, subsecretarios, etc.) va recogiendo, sistematizando, cada uno de sus elementos para en un momento, creo yo, va a tener muy presente ese material cuando se deba consagrar una política energética del Estado de Chile”, explicó.

Mayor participación del Estado

Presidenta Bachelet y el Ministro Pacheco en el lanzamiento de la agenda.

La noticia fue bien recibida dentro de organizaciones que están monitoreando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. María Jaraquemada, directora de Incidencia e Investigación de la Fundación Ciudadano Inteligente, aseguró que esto es una gran avance ya que establece obligaciones extras, que van más allá de la ley 20.500 y el convenio 169 de la OIT.

“Aunque no está en detalle cómo lo va a hacer, el Ministerio de Energía va a tener que establecer métodos de participación ciudadana, para que efectivamente se haga realidad esta facultad que ellos tienen y por lo tanto nos parece un gran avance. Esto es un gran desafío de las autoridades, poder hacer una bajada ciudadana para lo que ellos están planteando, en un lenguaje que todos podamos entenderlo y no sólo los expertos y así poder ampliar el número de participantes en las convocatorias, muchas veces a las consultas públicas les falta difusión. A veces hay consultas públicas donde todos podríamos participar, como se hizo por ejemplo sobre los reglamentos de la ley del lobby donde finalmente participaron unas 50 personas u organizaciones. O es falta de interés o de conocimiento de que está este instrumento para poder participar”, anunció la directora.

El proyecto de ley, es parte de una serie de modificaciones que buscan crear pilares para la Agenda Energética publicada por el Ministerio, que es considerada por los expertos como un esfuerzo de gestión nunca antes visto en este sector.
Vivianne Blanlot, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y gerenta general de VBS Consultores, se refirió también a los roces ambientales que se producen a causa de las iniciativas eléctricas, advirtiendo que no debe ser el Estado el que tome el rol de mediador entre las relaciones de los privados con las comunidades, indicando que es un rol peligroso porque finalmente el único culpable del conflicto va a ser el Estado y eso distorsionaría la realidad impidiendo que se logren las soluciones que se requieren. Esto en el marco del seminario de energía, organizado por ACERA.

Vivianne Blanlot

Clemente Pérez, ex subsecretario del MOP, cercano al proyecto hidroeléctrico Guayacán, se mostró a favor de la agenda, pero hizo un llamado a que el Estado deje de ser árbitro y se transforme en un promotor de la energía.

“Espero que esta agenda sea una agenda de gobierno, no sólo anunciada (por el gobierno), y que se la juegue por implementarla. Hay una serie de proyectos que el ministerio de energía aplaude, pero que después, no logran conseguir las probaciones ambientales por ejemplo. Se requiere que el Estado se dé cuenta de la necesidad de tener proyectos de generación y establecer normas que reduzcan la arbitrariedad, agilizar plazos y de esa manera tener más proyectos de generación eléctrica porque hoy día no tenemos y los que hay, son de tres o cuatro empresas a lo largo todo el país”, aseguró.

A la iniciativa, ya aprobada por la cámara de diputados, aún le falta entrar a tramitación en el Senado, donde se dará cuenta de su ingreso el 5 de agosto para luego pasar a las comisiones de Energía y Hacienda, esta última por sus efectos financieros.