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Año XV, 27 de mayo de 2023

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La responsable es Bachelet

Columna de opinión por Hugo Mery
Martes 12 de agosto 2014 16:01 hrs.


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Un panelista dijo en la televisión que la Presidenta no había viajado a Venezuela no por un resfrío, sino por una bacteria llamada Eyzaguirre. Enterada de esto, Bachelet dijo a algunos de sus cercanos en La Moneda que el ministro de Educación no era una bacteria, porque ésta se podía matar; en cambio, era más difícil de hacerlo con un virus.

El virus Eyzaguirre fue la presencia más visible en las últimas semanas de debate por la reforma educacional, por los desafortunados dichos y los desdecires del ministro sobre la acotación en el tiempo de la gratuidad de la enseñanza universitaria y el copago en el sistema en su conjunto.

Se evidenció así no sólo un grave problema de comunicabilidad de quien debe conducir técnicamente la trascendental reforma estructural, también de decisión política y liderazgo que llega hasta la misma Presidenta de la República.

Se ha dicho que en los últimos días, con el “cartillazo” a las altas autoridades de gobierno, el respaldo público a Eyzaguirre y las puntualizaciones sobre los alcances de las transformaciones en agenda, Michelle Bachelet se decidió a usar su capital político y a ponerlo públicamente en juego.

Pero esta tesis nos parece equívoca. Nadie duda que es la Presidenta quien propuso al país las reformas  tributaria, educacional y política y que a ella, como Jefa de Gobierno, se le atribuirán los éxitos y fracasos y cometidos en estas materias.  Sus ministros sólo ejecutarán lo que la Mandataria les indique, compartiendo sí  la responsabilidad  política de lo técnicamente implementado.

Alberto Arenas aparece a la cabeza del discutido  Protocolo de Acuerdo tributario, pero él no actuó sin las órdenes  de su mandante. Se trata de un secretario de Estado y ella es la Jefa del Estado en un régimen presidencial en que los ministros no se deben al Parlamento, sino a quien es también Jefa del Gobierno. Esto no debe perderlo de vista tampoco la oposición, algunos de cuyos personeros han comparado el dibujamiento de candidatos para el 2017 con lo que ocurre en lugares como Gran Bretaña, donde un líder nacional aparece como carta de reemplazo de quien está en el poder, encabezando un llamado “gabinete en las sombras” con nominados para cada área ministerial.

Allí el término del mandato depende de los resultados de las próximas elecciones  parlamentarias, aquí es ahora de cuatro años, sin autorización para un segundo período consecutivo. En apenas cuatro años, el gobernante tendrá que ejecutar su programa, cuyos resultados se verán en muchos casos sólo después de concluidos.

Esta es la razón de que la actual administración tuvo, pese a su mayoría simple en el legislativo, que allanarse a reformas que sean sustentables en el mediano y largo plazo. Pero no debiera escapar en un análisis la consideración de un hecho crucial: la derecha, sin votos suficientes en el Parlamento para torpedear las reformas, cuenta con los poderes fácticos para hacerlo  extrainstitucionalmente. En los primeros años del esmirriado sistema democrático vigente, contó con los militares, con el general Pinochet a la cabeza, y hoy tiene a los  empresarios, sin entusiasmo para invertir ante la amenaza de los cambios impositivos, y de los apoderados con recursos económicos suficientes para ejercer la libertad de elección de colegios de sus pupilos, preferentemente en la enseñanza particular subvencionada.

En contra de una educación de calidad universal gratuita, sin fines de lucro, copago ni selección discriminatoria, el gobierno tiene una oposición que empezó a movilizarse en la calle con apoderados para defender “la libertad de enseñanza”, un poco como réplica a las formidables marchas estudiantiles iniciadas en el gobierno pasado. También con los intereses corporativos y empresariales que se sienten amenazados y con las disenciones internas dentro de la Nueva Mayoría, expresadas  por personeros demócrata cristianos y socialistas. Sin considerar los reparos de los comunistas, especialmente de diputados que fueron dirigentes estudiantiles como Camila Vallejo y Karol Cariola, aparte de los jóvenes parlamentarios sin partido aún Giorgio Jackson y Gabriel Boric.

Entre ambos, tiene que moverse el ministro Eyzaguirre, sin demostrar hasta ahora una ductibilidad que  le lleve a la eficacia.

La Presidenta está dando muestras de allanarse a un acuerdo con los opositores y críticos a esta reforma, tal como  lo propugnó para el acuerdo tributario.

Pero mientras en la tributaria pesaron en el gobierno  los signos de virtual recesión de la economía –cuyo crecimiento llegó el mes pasado a un escaso 0,8 por ciento, según el Imacec-,  en la educacional no tiene amenazas de baja inversión, reducción del empleo, consumo y expectativas, aunque sí  puede darse cierre de colegios y traspaso de alumnos de la educación pública a la privada.

La más generalizada crítica que se hace a la propuesta gubernamental en educación es no haber priorizado la defensa del sistema estatal centralizado, ante el evidente fracaso de la municipalización instaurada por la dictadura y mantenida en los 20 años de gobiernos de la Concertación.

En eso tuvo responsabilidad también la anterior administración de Bachelet  y es ésta quien debe usar su mentado capital político en revertir esa situación, tanto como mejorar la carrera docente, punto central en que radica la calidad que se quiere imprimir a la educación.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.