Desde la explosión del lunes pasado, el gobierno aceleró la agenda legislativa en materia de seguridad, para lo que recibió el respaldo de todos los partidos políticos con representación en el Congreso

Además de las modificaciones a la Ley Antiterrorista que han sido comprometidas antes que finalice septiembre, el tema prioritario del momento es la reestructuración de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), principal servicio investigativo del Estado, criticado por su ineficacia y baja capacidad de coordinación.

Para su fortalecimiento, el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo anunció que se le dotará de mayores recursos y atribuciones, como permitir al servicio el uso de agentes secretos que se infiltren en organizaciones, tal como pueden hacerlo hoy las distintas policías.

El vocero de gobierno Álvaro Elizalde ratificó el anuncio del ministro del Interior y aseguró que el gobierno utilizará las “herramientas propias de una democracia moderna” para evitar nuevos atentados.

Elizalde afirmó que son varias las medidas para “responder con energía y unidad” al atentado. En primera instancia trabajan en que esclarezcan los hechos y en sancionar ejemplarmente a los culpables.

“Adicionalmente, modernizando las herramientas con que cuenta la Democracia para protegerse. Esto es, que llevemos adelante no sólo la reforma de la ley de control de armas que actualmente se discute en el Parlamento, sino también una reforma de la Ley Antiterrorista y un rediseño del Sistema Nacional de Inteligencia. De esta forma garantizar que este tipo de hechos lamentables no queden en la impunidad”, sostuvo el secretario de Estado.

Las modificaciones tienen amplio respaldo en la Nueva Mayoría, donde prevalece el discurso sobre que este hecho “marcó un antes y un después en la materia”.

El senador PPD Guido Girardi señaló que se necesita un organismo con poder de acción que centralice la labor de inteligencia destinado a perseguir a los responsables y fundamentalmente a prevenir acciones violentas.

“Es distinta la inteligencia de la Dictadura y la inteligencia de la Democracia”, apuntó el senador para respaldar la utilización de agentes encubiertos

“No seamos ingenuos, no vamos a derrotar el terrorismo con bengalas, lo vamos a hacer con justicia, con acciones eficaces, con inteligencia real, con tecnología, pero todo esto dentro del marco de un Estado de Derechos”

“Nos sobre ideologizamos. Mucho temor a la CNI y a la palabra inteligencia” dijo el senador Alejandro Navarro. El presidente del MAS advirtió que el organismo debe tener una distribución nacional y que debe actuar bajo el principio “investigar para detener y no detener para investigar”.

Navarro enfatizó que esta es una necesidad que se debe llevar adelante “sin fantasmas ni de izquierda ni de derecha”.

“Se requiere un fuerte organismo de inteligencia para combatir este incipiente terrorismo que se quiere anidar en Chile. Espero que la Presidenta convoque a todos los partidos a conocer el proyecto, sería un error que esta bandera sea sólo de la Nueva Mayoría, aquí se requiere que sea una bandera común y única de gobierno y oposición. La ANI no sólo requiere agentes encubiertos, requiere todo lo necesario para combatir el terrorismo”, afirmó Navarro.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista y actual coordinador de la Nueva Mayoría, el diputado Osvaldo Andrade se mostró de acuerdo con que la ANI tenga instrumentos  propios, y apoyo también la idea de que se utilice agentes encubiertos.

“La Izquierda no tiene vetos ni prejuicios al respecto. Vivimos una experiencia sin lugar a dudas, pero también fuimos parte de la desarticulación de grupos subversivos. La Democracia tiene que defenderse con las armas de la Democracia”, enfatizó Andrade.

En los próximos días, una delegación del ministerio del Interior y de la ANI viaja a firmar convenios de asesoría y cooperación con servicios de inteligencia de España y Estados Unidos, lo que Andrade consideró innecesario.

Según Andrade, luego del retorno a la Democracia, la Concertación enfrentó y desarticuló a grupos armados “sin alterar los principios de los Derechos Humanos”.