Si bien, según cifras del Sistema de Seguridad Pública de México, las tasas de homicidio se han reducido durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, ha provocado que la comunidad internacional haya vuelto sus ojos hacia la situación de crisis interna que México vive en su lucha contra el narcotráfico, y contra la corrupción al interior de sus instituciones políticas y policías las que han sido permeadas por los recursos del narcotráfico.

Desde el año 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narco, han muerto más de 85 mil personas en este conflicto. Sin embargo, el reciente secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, por primera vez logró concitar el repudio casi generalizado tanto dentro de México, como en el resto del mundo que se ha plegado al sentimiento de indignación frente a este horrendo crimen.

Jorge Sanz, académico la facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, cree que uno de que el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Iguala del 26 de septiembre pasado, puede marcar un punto de inflexión en las relaciones internacionales de México, ya que el presidente Enrique Peña Nieto se verá obligado, por la presión internacional, a tomar las acciones tendientes a esclarecer los hechos.

“Yo creo que la comunidad internacional va a empezar a exigir a México que tome decisiones, porque estos 43 niños muertos en esas condiciones, y a partir de la globalización y que todo el mundo opina respecto del otro, Peña Nieto se va a empezar a sentir incómodo y va a empezar a tomar decisiones que afecten a la policía y al ataque sobre esta lacra o amenaza emergente que es el crimen organizado”, asegura Sanz

Otro de los elementos que marcan la diferencia en la percepción que este crimen generó, tanto dentro de México como en el resto del mundo, tiene que ver con quiénes han sido imputados como los responsables intelectuales de la desaparición de los jóvenes: el alcalde de Iguala, José Luis Abarca junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda quienes fueron los que pidieron a la policía que detuviera a los jóvenes, temiendo un boicot a un acto público en que la oradora principal sería la mujer del alcalde.

Para el especialista en relaciones internacionales de la Universidad Diego Portales, Sebastién Rudé, la participación en el crimen de autoridades políticas electas democráticamente, junto a la policía del estado, es el hito que sitúa a los aparatos públicos por primera vez como los delincuentes, lo que demuestra que el estado en México, está incapacitado de brindar las mínimas garantías a su población

“Esta vez es el mismo estado, es decir el alcalde, el delincuente. Es una autoridad estatal electa la que toma el teléfono y manda matar a civiles, ya no los sicarios o narcotraficantes. Eso es lo fuerte, lo que marca la indignación porque, claramente, aquí se demuestra que el estado no funciona”, enfatiza Rudé.

¿Es México un estado fallido?

Este concepto, acuñado en los años 90, sugiere que existen países que no cumplirían con una serie de requisitos que definen las labores esenciales que un estado debe realizar para ser considerado como tal. Entre otras características, el monopolio exclusivo de la violencia, la ausencia total de un estado de derecho o la incapacidad de ejercer control -y brindar seguridad a los habitantes- del territorio, serían algunas de las claves para construir el concepto “estado fallido”.

El analista internacional, Guillermo Holzmann, discrepa de la visión que sitúa a México como un estado fallido, ya que en principio, esta noción implica una serie de elementos mucho más globales y sistémicos que los planteados anteriormente, por lo que en el caso del país azteca, son sólo algunos estados dentro del territorio en los que la crisis del estado sería efectiva, mas no en la totalidad del estado federal.

“Hay quienes toman una parte del concepto para poder señalar que cuando un estado no es capaz de imponer el orden, ya estaríamos hablando de estado fallido, lo que es inexacto e incompleto. Hoy día a nivel de geopolítica, el concepto de estado fallido, es un concepto más bien operacional que se utiliza para poder reflejar la debilidad institucional de un estado en su conjunto, y en el caso de México no aplica, porque estamos hablando solamente de una parte del estado, no de todo el país”, aclara Holzmann.

Misma opinión tiene Sanz, quien si bien reconoce que el nivel de corrupción de algunas autoridades mexicanas es evidente, utilizar esa tara de las instituciones públicas -histórica por lo demás, como la famosa “mordida” o coima- para validar a México como un estado fallido, es muy arriesgado, por decir lo menos.

Otra de las aristas de la crisis mexicana, tiene que ver con el rol que Estados Unidos juega en la dinámica del narcotráfico, al ser el principal receptor de la producción de estupefacientes que se lleva a cabo en territorio azteca, así como de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera a diario, lo que ha llevado al refuerzo de los patrullajes fronterizos, incluso con drones, por parte de los norteamericanos, en el límite entre ambos países

Sin embargo, el analista internacional Raúl Sohr, hace hincapié en un elemento que muchas veces es dejado de lado a la hora de hacer los análisis sobre la situación en México, y tiene relación con el tráfico de armas desde los Estados Unidos que nutre los arsenales del narco mexicano, por lo que cortar este flujo de armamentos podría ser un aporte fundamental que los norteamericanos pueden hacer a la lucha contra las drogas en México.

“El grueso del armamento, casi el 90% que tienen los narcotraficantes, proviene de Estados Unidos, principalmente de Texas, de manera que Estados Unidos tiene mucho trabajo por hacer para colaborar en calmar la violencia que ha caracterizado la situación de estos grupos que, en muchas ocasiones, tienen un poder de fuego mayor que el de las policías locales”, señala Sohr.

No obstante, tal como lo expone Raúl Sohr, México es una suerte de país con dos caras. Por una parte, se están tratando de implementar reformas que modernicen el país, después de años de parálisis institucional, mientras que por otro lado, tiene un rostro cruel, con decenas de miles de muertos en los últimos años, desapariciones, secuestros, una corrupción rampante. Todos estos son rostros de un mismo país.