El lunes pasado la Democracia Cristiana se reunió con la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, en el marco de las conversaciones por la Reforma Laboral. En la instancia habrían planteado la posibilidad de incluir a los trabajadores públicos en el debate.

Cabe recordar que la colectividad conformó hace un par de meses, una comisión político-técnica que realizara sus aportes en esta materia. La instancia es presidida por la Senadora Carolina Goic, quien se refirió a la posibilidad de ampliar los términos de la reforma, con el fin de evitar –señaló Goic- que las conversaciones terminen con una negociación en el parlamento, como tradicionalmente sucede a finales de cada año.

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante porque efectivamente aumentemos la negociación colectiva y la mejoremos, la fortalezcamos en el sector privado, que es lo que esperamos en la reforma laboral que se ha comprometido el gobierno a enviar antes de finales de año, pero nos parece que no puede ser que solamente se aborde el mundo privado, sino que también tenemos que reconocer ese derecho al mundo de los trabajadores públicos”, afirmó la parlamentaria.

La senadora expresó que hay varios temas pendientes en el estatuto que regula a los empleados públicos, como por ejemplo la situación de los funcionarios a contrata y honorarios, quienes no tienen la posibilidad de una indemnización en caso de despido, o un seguro de cesantía.

El diputado socialista y ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, coincidió con este diagnóstico y apuntó también a las falencias de los escalafones, ascensos y la carrera funcionaria. Sin embargo, Andrade afirmó que no es adecuado tocar el tema en este proyecto de ley, ya que son lógicas distintas que deben verse en su particularidad. El diputado sostuvo que sumar este acápite enredaría más que facilitar la tramitación de propuesta de reforma laboral”.

“La agenda laboral también tiene un capítulo vinculado con la situación laboral de los trabajadores del sector público, y esta idea se ha ratificado en la aprobación del reajuste porque hay un capítulo especial para eso. También tiene previsto avanzar en resolver el problema de los trabajadores a honorarios, muchos de los cuales están en el sector público central, municipal y/o regionalizado”, afirmó y añadió: “los tres aspectos son parte de la misma agenda, pero a mi opinión el tratamiento legislativo debiera ser en iniciativas distintas”.

Pese a esta intención de “separar las aguas” de parte del presidente del PS, hay voces que apuntan a la posibilidad de unificar a los trabajadores, públicos y privados, bajo el mismo sistema, con la finalidad de superar los déficit del modelo actual, donde destacan elementos como la poca renovación de las plantas, la lentitud de los ascensos y falta de garantías en caso de ser despedidos.

Para Andrade la propuesta de asimilarlos se hace “con ligereza” y “se debe tener cuidado”. Además sostuvo que si la intención de nivelar hacia arriba, él no tendría problemas.

La mirada cautelosa planteada por el diputado PS, la comparten también los especialistas, tal como lo indicó la Directora del Programa de Economía y Trabajo (PET), Carmen Espinoza.

“Depende del contexto y de cuáles son los objetivos de hacer una sola legislación para trabajadores públicos y privados. Primero, porque el Código del Trabajo hoy día tiene serios problemas para que realmente los trabajadores tengan asegurados sus derechos y, en el caso de los trabajadores del sector público, éstos tienen un estatuto especial que implican condiciones distintas a las de los trabajadores del sector privado, que no necesariamente están reflejadas en el Código del Trabajo”, afirmó la especialista.

En ese sentido, el Vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Jorge Consales afirmó que el salto buscaría neutralizar lo que algunos llaman “inmovilidad”, no obstante, sostuvo que ésta no existe como se plantea, lo que quedaría de manifiesto con “los once mil funcionarios despedidos sin causa alguna en el gobierno de Sebastián Piñera”.

El dirigente, también militante de la DC, sostuvo que desde la ANEF no están dispuestos a que por reconocer el derecho a la negociación colectiva, se debiliten las condiciones contractuales de los empleados públicos, cayendo en un sistema privado marcado por la mentirosa “flexibilidad laboral”. Aun así, afirmó que están dispuestos a dialogar con las autoridades nuevos mecanismos para fortalecer derechos.

Esta es una más de las aristas que abre el debate de la llamada “Agenda Laboral” del gobierno la que, según las autoridades, será gradual con el fin de recuperar el dinamismo del crecimiento de la economía. En tanto, la Ministra Javiera Blanco comprometió el ingreso al Congreso del proyecto reforma antes del 31 de diciembre.