Este sábado comenzó a regir la ley 20 mil 730, conocida como “Ley del Lobby”, que regula el ejercicio de influencias sobre autoridades.

La norma rige para los ministros de Estado, los subsecretarios, los parlamentarios, los funcionarios del Poder Judicial, y otros organismos públicos a los que obliga a registrar las audiencias que tengan, los viajes que realicen y los regalos que reciban, información que quedará disponible para ser consultada por la ciudadanía.

Si bien la ley ha sido catalogada como “un avance importante”, también ha sido considerada “insuficiente” por diversas organizaciones sociales. Así lo expresó Paulina Ibarra, experta en gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia de la Fundación Multitudes.

“A pesar de que esta no es la mejor ley, hoy nos ayuda a establecer un mecanismo que antes no existía para que las organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, gremios, sindicatos, entre otros, puedan solicitar una audiencia”. Además explicó que “fija un mecanismo que hasta ahora no existía, que había sido ocupado sólo por las empresas privadas, las agencias de comunicación estratégica, gente que conoce a la autoridad, que tiene el teléfono o el email. Con este proyecto esto se abre”.

Paulina Ibarra

La especialista sostuvo que “Lobby y Gestión de Intereses pueden ser herramientas extremadamente importantes para la sociedad civil, la que debe mantener una actitud fiscalizadora”. En ese sentido afirmó que hay que estar atentos a las temáticas que abordan los políticos, porque también dan indicios.

Además, indicó que las organizaciones deben actuar unidas y ofrecer a las autoridades una agenda social de trabajo con el fin de instalar los temas ciudadanos, lo que podría ser una alternativa para cambiar el escenario de desprestigio de la política, avanzando en una mayor transparencia y participación.

“La ciudadanía aún espera que, de alguna manera, la participación ciudadana sea significativa o vinculante. ¿Qué significa eso?, que por ejemplo, las consultas ciudadanas no queden en materiales que luego se publiquen en las páginas de los ministerios y de los 117 servicios del país, sino que puedan permear hacia el desarrollo de políticas públicas y yo creo que es allí donde está la clave”.

Paulina Ibarra, se refirió también a las principales deficiencias de la nueva ley. Bajo una mirada práctica destaca que no se registren las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos.

Además, afirmó que se pone mucha responsabilidad sobre el sujeto pasivo, quien recibe el lobby, pero no sobre quien lo ejerce. Esto porque el reglamento del Ejecutivo contempla mecanismos para sancionar a la autoridad, pero no al lobbysta. “Es allí donde tenemos que tener ojo, para que las sanciones sean por igual”, afirmó.

Este sábado entró en vigencia la primera etapa de la ley, que corresponde al Ejecutivo y los parlamentarios, en abril comienza la segunda, que aplica a los intendentes y los servicios, y finalmente, la tercera etapa entra en vigencia a fines de agosto, lo que incluye a las municipalidades y juntas de vecinos.