La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, recibió este jueves el informe de la Comisión Asesora Ministerial para la implementación de la Ley 21.719. “Es una política de Estado” destaca la autoridad.
Tras los escándalos recientes, el diputado electo advirtió que el Estado no ha ejercido un rol de prevención y llamó a modernizar controles y profesionalizar cargos. Sobre la “ley de amarre”, sostuvo que es un debate necesario, pero mal planteado.
Agustín Iglesias destacó varios aspectos de la nueva legislación, entre ellos, las nuevas atribuciones que tendrán los funcionarios de seguridad municipal. Sin embargo, advirtió que todavía es posible avanzar y criticó la lentitud de la tramitación.
La entidad detectó millonarias irregularidades en la AMZO. Desde Lo Barnechea aclararon que no corresponden a la gestión actual de Felipe Alessandri y que colaborarán con las autoridades. Antecedentes fueron enviados al Ministerio Público y al CDE.
El Ejecutivo estableció un plazo para que los servicios informen del avance de los sumarios. En tanto, la contralora general, Dorothy Pérez, alertó de la necesidad de mayor control al interior de las instituciones del sector público.
Marcel alerta que las municipalidades concentran problemas de gestión de personal y licencias médicas. Dos tercios de un millón de casos provienen de ellas, ratificando un diagnóstico ya visto en abusos por horas extras.
La Cámara Alta analiza un proyecto para reforzar la seguridad municipal, aprobado en general pese a observaciones ya que preocupan recursos limitados y puntos pendientes. Alcaldes demandan mayor apoyo financiero y autonomía para combatir el delito.
En una jornada marcada por la toma de posesión de los ediles electos y reelectos, los principales rostros de la derecha y la izquierda centraron sus discursos en los desafíos que enfrentarán en sus comunas. Todo, con miras a las presidenciales 2025.
La medida fue bien recibida por el líder del órgano persecutor, que busca homologar la entrega de inmuebles en manos de bandas criminales a los municipios para avanzar en la recuperación de espacios públicos.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, ordenó la entrega de un nuevo protocolo al fiscal nacional para que la medida entre en vigencia. La propuesta pretende recuperar espacios comunitarios y fortalecer el control territorial.
En un encuentro con los representantes de las municipalidades, el Mandatario solicitó la ayuda de los alcaldes para convencer a los parlamentarios a que aprueben la iniciativa.
El diputado del distrito 11 y militante del movimiento Acción Humanista, se refirió al caso de la Municipalidad de Vitacura y al problema estructural que se produce con las corporaciones.
“Es muy importante invertir en seguridad pública y ciudadana, pero es clave la prevención y en eso los municipios y las organizaciones sociales o vecinales tienen mucho que aportar”, afirmó el alcalde Jorge Sharp.
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió con el presidente del Senado a quien planteó la urgencia de aprobar una norma que da más facultades a los gobiernos comunales en el combate a la delincuencia.
Mayores facultades para los inspectores municipales y el aumento de recursos para las labores de seguridad son las prioridades de las y los jefes comunales respecto a un proyecto de ley que está contemplado en la agenda de seguridad del Gobierno.
Uno de los ediles que está estudiando replicar la medida fue el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, quien concurrió al balance que autoridades de La Florida hicieron sobre la demolición del inmueble ubicado en Av. Santa Amalia.
Además, el Ejecutivo plantea estudiar cambios a la ley antiterrorista; la aplicación de nuevos armamentos como la pistola eléctrica Taser y sancionar el porte de sustancias para la fabricación de bombas molotov en contexto de desórdenes públicos.
