Como un claro ejemplo de que la actual Constitución Política protege los intereses de la UDI en particular y de la Alianza en general, fue interpretado el requerimiento que interpuso el senador (UDI) Hernán Larraín ante el Tribunal Constitucional, medida que a juicio de los analistas intenta poner freno a la reforma al sistema electoral binominal, proyecto que fue aprobado en la Cámara el pasado 20 de enero.

Según los argumentos esgrimidos por el senador gremialista, el proyecto que aprobó la Cámara tendría “graves inconstitucionalidades” como la igualdad del voto en el parlamento, además afectaría las elecciones primarias, generaría posibles desigualdades entre los candidatos independientes y quienes pertenecen a partidos políticos, y finalmente el proyecto aumentaría el gasto público sin respaldo financiero, de acuerdo a Larraín.

El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde señaló que le llamó la atención que después de tener consenso nacional respecto de la necesidad de reformar el sistema binominal, el senador de la oposición haya recurrido al Tribunal Constitucional

“Llama la atención que después de tantos años que ha costado poner fin a un sistema electoral que le ha hecho tanto daño a la democracia chilena, cuando finalmente se construye la mayoría necesaria para poner fin a este sistema electoral, que no olvidemos que es tres quintos, estamos hablando de una ley que requiere el quórum más alto que requiere nuestra Constitución para ser reformada, y cuando finalmente se consigue este triunfo haya quienes recurran al Tribunal Constitucional para burlar la voluntad democrática”.

Para el abogado constitucionalista, Fernando Atria, sostiene que este requerimiento es inconsistente, y que es una muestra no sólo de lo que protege la Alianza, sino también de la labor del Tribunal Constitucional.

“No hay mejor demostración de la función que cumple y ha cumplido el Tribunal Constitucional que este requerimiento, pero los argumentos que da en la minuta que ha presentado (Hernán Larraín) son argumentos manifiestamente insostenibles”.

Atria concluyó que no existe ninguna objeción constitucional de fondo en los argumentos esgrimidos por Larraín: “Es evidente que aquí no hay una objeción constitucional verdadera de fondo, lo que sí hay es el deseo de la UDI de mantener un sistema electoral que les conviene, que lo ha defendido todo este tiempo y que ya no lo pueden mantener por la vía de vetarlos en las Cámaras, que era lo que habitualmente hacían y como no pueden vetarlo en las Cámaras tienen que recurrir a este otro expediente, y con eso están revelando cuál es la función que siempre ha tenido el Tribunal Constitucional en estas materias. Ha sido una especie de refuerzo del veto que la UDI ha tenido en el Congreso”.

El senador del PS, Alfonso de Urresti, integrante de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Congreso, destacó que esta medida responde a la derrota que sufrió la UDI en el parlamento.

“Estoy convencido de que se va a ratificar la constitucionalidad de este proyecto. Me parecería inadmisible que el Tribunal Constitucional entrara a situaciones distintas de las cuales le ha establecido la ley en su funcionamiento. Insisto que esto es el último estertor de la UDI de perder la hegemonía que le dio la dictadura de Pinochet, y esto sumado al escándalo de su principal financista Penta, augura una situación muy desmejorada de este partido que enarboló las banderas del pinochetismo y de la derecha más dura de este país”.

De acuerdo a lo planteado por los analistas, lo que se debería destacar respecto de la igualdad del voto es que ambos sistemas no consagran del modo más eficaz este derecho; y sobre las elecciones primarias, según lo que se consigna en la misma Constitución articulo 19 N°15, estas quedan a la voluntad de los partidos. Y en relación a las posibles desigualdades entre independientes y militantes de los partidos, denunciadas por el senador Larraín, estaría mezclando dos situaciones diferentes.

Sobre el financiamiento de los nuevos cupos parlamentarios, de acuerdo al abogado Atria, concluye que no es plausible considerar el tema de los recursos como un problema contemplado en la Constitución. A lo sumo se podría convenir que se trata solo de una mala decisión del Ejecutivo, afirmó el jurista.