En medio del debate se encuentran las políticas uniformes y estandarizadas como el Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes. Los sectores opositores al SIMCE, critican que esta prueba puede perder de vista las variables socio-territoriales específicas que en el futuro marcan el diseño de políticas públicas.

Para Paulina Contreras, investigadora de la Universidad de Chile y vocera de la campaña: “Alto al SIMCE”, planteó que se deben implementar evaluaciones intermedias, haciendo un énfasis en lugares específicos. Asimismo, asume, que luego de la Desmunicipalización y en el caso de que se traspase la administración de los municipios a las agencias educacionales, podrían ser estos organismos los encargados de desarrollar evaluaciones determinadas en cada sector.

“El problema de las pruebas estandarizadas es que no recoge las particularidades de los colegios ya que mide a todos con la misma vara, sin reconocer las condiciones en las cuales se desarrolla la educación y las necesidades propias de las comunidades locales. Esto se podría mejorar si fueran los organismos locales quienes hicieran cargo de esta evaluación”, afirmó Paulina Contreras.

En julio del año pasado, la subsecretaría de Educación conformaba una comisión de expertos que se propondría analizar el SIMCE. Hace una semana el equipo constituido por Juan Eduardo García Huidobro, Lorena Meckes y Ernesto Treviño, entre otros expertos, entregó el esperado estudio.
En él se planea eliminar dos pruebas: una de Lectura de segundo básico y otra de Ciencias para alumnos de cuarto. Desde la comisión de especialistas explican que esta prueba debe medir estándares mínimos, como saber leer o escribir, manejar las cuatro operaciones y poseer conocimientos básicos en inglés. De la misma forma bajando la cantidad de mediciones se podrá enfocar mayores esfuerzos al apoyo que se debe entregar a los establecimientos con bajos resultados.

En ese sentido, el investigador de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro, subrayó la importancia del soporte específico que se le puede entregar a los colegios con bajo rendimiento, por sobre una medición delimitada en cada sector.

“El hecho de que hayan medidas especiales no es el problema. El inconveniente es que no hay apoyos especiales. Es decir, que si estoy observando que en una región del país existen mayores dificultades, en ese lugar tiene que haber más apoyo. Un conjunto de elementos que permita que los niños de ese territorio aprendan lo básico. Uno de los puntos que se planteó dentro de la comisión fue que tiene que existir una focalización muy fuerte para el 10 por ciento de la población que enfrente mayores problemas.”, certificó García Huidobro.

Asimismo el investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, Ernesto Treviño, aseguró que la propuesta de “Alto al SIMCE”, no se puede llevar a cabo, manifestando que son los propios establecimientos, a través del apoyo estatal, quienes tienen que desarrollar esta labor.

“Esto no lo puede lograr ninguna prueba estandarizada en el mundo. Es más, se debe desarrollar directamente en la sala de clases, trabajando con los niños. Ahora las escuelas que se encuentren en situaciones de marginalización, de pobreza o de abandono, deben recibir políticas de apoyo para fomentar sus capacidades.”, expuso Treviño.

Aunque existen diferentes visiones en esta materia, los expertos concuerdan en que en este momento existe una gran cantidad de exámenes y presión en los establecimientos, a pesar de que no se cuente con la institucionalidad suficiente, para tomar medidas concretas en sectores específicos, mejorando, así, las habilidades de los estudiantes.