Este lunes, distintas organizaciones sociales denunciaron al municipio de Aysén por mantener “conflictos de interés” con la empresa “Energía Austral”. Esto luego de darse a conocer millonarios convenios con la entidad, que están en proceso de evaluación ambiental por el proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo.

Las críticas interpelan directamente a la municipalidad, la que durante 2014 recibió fondos por parte de la firma titular del proyecto, el cual continúa a la espera del informe del Comité de Ministros, quienes deberán tomar una decisión definitiva sobre el proyecto.

Glenda Aldunate, integrante de la organización Defensores de los Ríos, recalcó que no corresponde que el municipio se vincule con la empresa, ya que debe comportarse como un ente regulador: “No procede y, por otro lado, se puede mal interpretar. No procede porque, en el fondo,  está directamente vinculado con el proyecto Río Cuervo”.

Por su parte, el Director de Comité Pro Defensa de la Fauna y la Flora, Peter Hartmann afirmó que la empresa habría financiado un paseo a la Laguna San Rafael, donde participó el alcalde, Óscar Catalán, junto a políticos de la UDI y agrupaciones sociales. Además, sancionan que la empresa habría donado cinco millones de pesos para la compra de un auto para el municipio. Datos que preocupan, cuando un organismo técnico regulador (entre los que se encuentra el municipio) debe entregar un informe por parte para dar a conocer la viabilidad de la represa.

Uno de los temores, es que los “favores” de la empresa, puedan incidir en la decisión final  de la instalación del proyecto: “Nuestro reclamo es que esto no puede ser. (Lo que decimos) está basado en una sentencia anterior de la misma Controlaría y también en una sentencia de la Corte Suprema en otro caso, donde dice que el Comité de Ministros debe pedirle informe a los organismos técnicos evaluadores y uno de estos organismos es precisamente el municipio de Aysén . El proyecto todavía está en evaluación, el alcalde está absolutamente equivocado cuando piensa que ya se terminó la evaluación” afirmó el representante.

Sobre la legalidad de los actos, cabe recordar que existe un dictamen de la Contraloría de 2010 que prohíbe el traspaso de recursos desde empresas en tramitación ambiental a los municipios evaluadores.