Luego de 3 horas de debate en el comité político de este lunes en La Moneda, los líderes oficialistas dijeron que las antiguas prácticas del 2003 no están vigentes, en directa alusión al acuerdo entre el ex Presidente Ricardo Lagos y el ex presidente de la UDI Pablo Longueira, quienes cerraron un pacto que permitió al Gobierno y a la clase política sortear las consecuencias del caso MOP-Gate, descartando la posibilidad de que en relación con el desarrollo del caso SQM, se pudiera concretar un acuerdo similar.

No obstante, en lo que sí hubo consenso en algunas de las colectividades del oficialismo, como el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista y el Partido Radical, fue en exigir celeridad a la Fiscalía en la investigación del caso SQM para así evitar que se sigan esparciendo rumores, tal como lo plantearon sus máximos dirigentes..

De esta manera se expresó el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, quien cree que la investigación que conduce Sabas Chahuán debe tener un tiempo acotado: “Creo que cuando se ha advertido que podrían venir otras empresas también, nos parece que lo más adecuado es que el Ministerio Público e Impuestos Internos actúen con la mayor celeridad, creo que eso es muy importante, son órganos que han tenido todas las garantías para hacer un trabajo en el marco de la autonomía que tienen y en eso tendrán todo el respaldo del mundo político”.

El diputado Marco Antonio Núñez (PPD), y presidente de la Cámara Baja, si bien sostuvo que no es adecuado que instituciones autónomas del Estado, como es el caso de la Fiscalía y el Poder Legislativo ejerzan presiones o exijan premuras en el desarrollo de sus trabajos, apoyó el planteamiento del presidente de su partido, en orden a que el Ministerio Público agilice la investigación, y así “saber la verdad en un tiempo prudente”.

“No corresponde que otro poder del Estado, que es independiente, le ponga plazos a la Fiscalía. A nosotros no nos gustaría que nos pusieran plazos para aprobar o no las leyes pero a veces nosotros tenemos que estar toda la noche aprobando el presupuesto de la nación porque hay límites. En este caso me parece que sería razonable que se concentrara todos los casos y pudiéramos saber la verdad en un tiempo prudente. Eso lo define, evidentemente, la Fiscalía y paralelamente a eso, nosotros trabajar para perfeccionar la legislación que vamos a debatir y aprobar con urgencia en la Cámara de Diputados y el Senado”.

Desde el Partido Comunista, su presidente el diputado Guillermo Teillier, descartó la posibilidad de que se produzca un acuerdo que intervenga la acción de la justicia en relación con el caso SQM, pero también señaló que está de acuerdo en pedirle resultados en un tiempo acotado a la Fiscalía, para evitar que se genere un ambiente de incertidumbre en el país.

“Yo estoy de acuerdo en eso, no sé si lo habrá planteado el Gobierno, pero yo estoy de acuerdo en que debiera pedirse a la justicia que actué mucho más rápidamente, porque si no mantiene un clima de incertidumbre que le hace mal al país”.

Sin embargo, quienes se mostraron en contra de imponerle plazos o exigirle resultados a la Fiscalía en la investigación que lleva adelante en el caso SQM, fueron Sergio Aguiló, diputado de Izquierda Ciudadana y Alejandro Navarro senador del MAS, y además rechazaron enfáticamente cualquier posibilidad de inmiscuirse en el desarrollo de los procedimientos judiciales.

Navarro sostuvo que es necesario investigar a fondo este caso para no dejar en la impunidad a quienes pudieran estar involucrados, y aseguró que de comprobarse la participación de funcionarios de Gobierno, estos deben renunciar a sus cargos, lo mismo que los parlamentarios que, eventualmente, sean condenados, o que al menos se inhabiliten de participar en los procesos legislativos.

“Yo creo que aquellos que quieren ponerle tiempo también se equivocan, que investiguen lo necesario para llegar a la verdad y la justicia, es decir que no haya impunidad, acá cada cual tendrá que asumir por cierto su propia responsabilidad, y yo espero que si hay gente de Gobierno, en todos los niveles, de ministros hacia abajo involucrados, den un paso al costado antes de que haya que pedirle la renuncia, porque al Gobierno se viene a servir, a resolver problemas no a crear problemas. Y en el Parlamento los que estén ligados se inhabiliten, no veo una ley, no veo un proceso institucional con parlamentarios involucrados votando en favor o en contra, yo pediría que por lo menos se inhabilitaran, pues están cuestionados, son incumbentes”.

Además, el senador Navarro, quien es vicepresidente de la Cámara Alta, sostuvo que la justicia tiene que mantener su independencia y evitar que se repitan los acuerdos del 2003.

Como consecuencia del caso SQM y el llamado caso Caval, la aprobación de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet ha llegado a un 27 por ciento según la encuesta Cadem, que fue publicada este lunes, y se espera que su popularidad siga descendiendo según indicaría la encuesta Mori que se dará a conocer este martes.