Entre las propuestas entregadas por la Comisión Asesora Presidencial Anticorrupción se propuso mejorar la información y la transparencia en el sistema de compras públicas, concesiones y de gastos en defensa.

Según dice el documento, ChileCompra, establecido en 2003 ha funcionado bien y ha sido evaluado positivamente, pero funciona como un sistema fragmentado; mientras el programa de concesiones, pese a su importante contribución a la modernización de la infraestructura pública, muestra aún espacios de opacidad y conflictos de interés respecto de las renegociaciones de contratos.

En tanto, sobre el cobre, específicamente en la compra de armamento y equipos militares que se efectúan a través de fondos de la Ley Reservada del Cobre, que asigna el 10 por ciento de las exportaciones de Codelco de manera equitativa entre las tres ramas del Ejército, la comisión reconoce que “su uso no es transparente y en la práctica existe poco control sobre estos fondos”.

Ante esto, se propone que se elimine la Ley Reservada, se fortalezcan las comisiones de Defensa en el Congreso Nacional, se preserve la confidencialidad de los gastos solo en casos específicos, y que los proyectos en la materia se evalúen con metodologías especializadas.

El economista de la ONG Chile Cobre, Julián Alcayaga manifestó su preocupación ante la eventual derogación, ya que a su juicio esta ha sido la piedra de toque a una privatización total de Codelco, aunque sí reconoció lo complejo de las operaciones de compra y venta en el mercado armamentista, expresando que “con ley reservada o no, en general en todos los países del mundo las compras de armas se hacen sobornos, como todas las cosas. Cuando Ferrocarriles o el Metro han comprado trenes también han habido comisiones que se pagan para comprar esto o lo otro, entonces las FFAA tengan ese financiamiento o no, igual van a haber comisiones que se van a pagar para preferir un armamento y no otro”.

Según Alcayaga, lo relevante en esta discusión es definir que del dinero definido para armamento no puede usarse para otros efectos. A su juicio, debe reformarse esta ley y que el 10 por ciento de las ventas de Codelco sigan disponibles, ampliándola a todas las mineras privadas.

Para el diputado de la comisión de Minería de la Cámara Baja, Lautaro Carmona, la idea es positiva, por cuanto no se justifica ni en democracia ni en el contexto político del continente la reserva de los gastos.

En su opinión, el financiamiento debe existir, pero con total transparencia en el Presupuesto de la Nación. Otro de los motivos que, a juicio, de Carmona se debe trabajar es en la integración a nivel subregional y latinoamericano y que, para ello, no debe existir ningún secreto en el financiamiento de las FF.AA.

Mientras, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, dijo que esto abre el debate a los aportes de la producción minera, en manos de privados, porque “tenemos a Codelco que produce el 30 por ciento del cobre total en el país, y aun así entrega una cantidad de excedentes importantísimo y es la billetera del Estado. En cambio tenemos en manos privadas el 70 por ciento y resulta que sus aportes al Estado son irrisorios”.

La coincidencia de distintos actores es que la preocupación de la Ley Reservada del Cobre es justamente la transparencia de los recursos, dineros que son estratégicos y dicha importancia explica que a pesar de “las intentonas privatizadoras, no han sido capaces de implementarlas”.