Pagos por más de $320 millones de pesos a personeros del oficialismo que trabajaron después en el comando o en el gobierno; pasajes aéreos a Nueva York para Rodrigo Peñailillo y otros asesores; cuentas de teléfonos y el primer mes de arriendo de la sede de Tegualda son los vínculos conocidos hasta ahora entre el operador político Giorgio Martelli y la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

Vínculos que en su minuto fueron desmentidos por La Moneda y por el mismo ex ministro Rodrigo Peñailillo. Por esta razón, el abogado querellante en el caso Penta y SQM, representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, solicitó que el ex ministro Rodrigo Peñailillo declare ante el ministerio Público.

“Nosotros creemos que eventualmente podría configurarse un delito de obstrucción a la investigación, pero eso lo tiene que determinar en definitiva el fiscal y por eso creemos que es necesario que tome declaración al ex ministro del Interior”.

El ex presidente de la Asociación de Fiscales indicó que el 25 de mayo se le solicitó a la Fiscalía Nacional que cite a declarar, tanto al ex secretario de Estado, Rodrigo Peñailillo como al ex Director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt.

Por su parte, el abogado de Giorgio Martelli, Cristián Arias explicó que la defensa no colocó ningún tipo de condición para que su cliente declare ante la Fiscalía, tal como se había especulado ayer, cuando se señaló que habían pedido que no estuvieran presentes en la diligencia los fiscales Carlos Gajardo y Emiliano Arias.

“Petición especial de nada, eso lo desmiento o lo desmentimos categóricamente. La diligencia se está desarrollando de manera normal, como cualquier diligencia de esta naturaleza, no hay nada distinto de cualquier diligencia que se hace ante al Ministerio Público”, señaló el representante de Martelli.

Las diligencias continuarán la jornada de este viernes con un nuevo antecedente sobre la mesa, es decir, la vinculación de la empresa Somae, constituida para recaudar los fondos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet que habría recibido dinero de la empresa de Martelli Asesorías y Negocios SpA que, se presume, costeó el arriendo de la sede de Tegualda por medio de la entrega de préstamos. Este viernes continuarán las diligencias.