“América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos”.

Esta es la reflexión que propone el informe “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014” elaborado por diversas organizaciones socio-ambientales.

Lucio Cuenca, Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) afirmó que uno de los componentes de los conflictos en la expansión minera es que ha ido debilitando mucho la institucionalidad y la democracia de estos países.

Además, afirmó que ha venido aparejada de muchas situaciones de represión y de vulneración de los Derechos Humanos, dando como ejemplo la militarización de territorios que realizó hace unas semanas el presidente Ollanta Humala en Perú.

Perú: Leyes para la inversión

Desde Perú, Jorge de Echave, Director de la ONG Cooperacción, indicó que, según detalla la defensoría del pueblo, más de cincuenta por ciento de los conflictos del país son ambientales, están asociados a la minería y van aumentando en número e intensidad.

De hecho, Perú es un caso emblemático de criminalización de los movimientos que han surgido para hacerle frente a la minería, un elemento en común del desarrollo de esta industria que afecta, principalmente, a la población campesina e indígena.

En esa línea, De Echave sostuvo que otro paralelo regional es el discurso que plantea que para recuperar los niveles de crecimiento y hacerle frente a la deuda internacional hay que estar dispuesto a desregular en materia ambiental y social, creando un clima cada vez más favorable para las inversiones, lo que se ha establecido incluso en las leyes de países como El Perú o Chile.

“Hay una legislación abiertamente favorable a las inversiones que ha ido recortando los derechos de la población y la tendencia es bastante preocupante, ya que no es a que mejore la situación”, sostuvo el especialista, quien recordó las palabras del académico ecuatoriano Alberto Acosta, quien plantea que el modelo extractivista “está casi en el ADN de nuestros gobernantes”.

Bolivia: Cárcel por un lado, derrames por el otro

Bolivia es otro caso emblemático. En 2012 se registró el punto más alto de criminalización de la protesta e impunidad en los conflictos socio-ambientales, en especial con el conflicto de Mallku Quta. Se registraron detenciones a autoridades tradicionales e incluso la muerte de comuneros durante la represión policial.

En 2013 surgió una ley contra los avasallamientos mineros, que penaliza entre seis y ocho años de cárcel a quienes irrumpan en áreas mineras e impidan la explotación de los yacimientos, precuela de la ley de Minería y Metalurgia, que en sus artículos establece como delito las acciones individuales y colectivas que impidan la actividad minera.

En 2014 se sumó una serie de incidentes ambientales, como el derrame de más de tres mil 300 metros cúbicos de residuos en las cercanías de un río o el colapso de un dique en Potosí, que dejó a un barrio popular totalmente anegado de desechos tóxicos.

Brasil: Brutal número de asesinatos en pugnas con la minería

En Brasil los informes muestran más de cien casos de territorios que sufrieron los impactos de la actividad minera. Entre los destacados están el proyecto Gran Carajás (extracción de hierro de la entonces Compañía Vale), el complejo más grande de extracción de este metal en el mundo, además figura el Mineroducto del Proyecto Minas-Rio58 que afecta a cerca de 950 mil personas.

En este país el fenómeno de la criminalización es escandaloso. Un informe de la ONG Global Witness, que documentó los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013, señaló que de las 908 muertes que pudieron documentar en 35 países, 448 se produjeron son en Brasil, es decir un 49,33 por ciento. De ellos el grueso son campesinos, indígenas, o habitantes de la selva amazónica.
Además, los movimientos sociales han sufrido graves ataques a su privacidad y a la libertad de asociación y expresión a través de un esquema de espionaje, interceptación de comunicaciones con mecanismos sofisticados y la infiltración de agentes.

Transnacionales y proyectos binacionales

Ejemplos como descritos hay en Colombia, Ecuador, Uruguay y algunos países centroamericanos, todos descritos en este informe de conflictos mineros 2014, realizado por OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

En el documento se dan cuenta de las iniciativas, pero también del origen de las firmas inversoras. Es allí donde las canadienses y brasileñas se imponen, con una gran cantidad de proyectos en nuestro continente. De hecho, en 2013 diez países del cono sur llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que los Estados de donde provienen estos particulares, no se hacen cargo de la vulneración que cometen sus empresas en el resto del mundo.

Uno de los ejemplos íconos expuestos ante la Corte Internacional es la instalación del proyecto binacional entre Chile y Argentina: Pascua Lama de la multinacional canadiense Barrick Gold, actualmente paralizado por la justicia, después de casi 15 años de oposición de las comunidades.

Este es un megaproyecto aurífero es de proporciones no vistas antes en la región y que incluso llevó a los teóricos a plantearse cómo las firmas transnacionales, al unir dos territorios, creaban una suerte de “soberanía propia” sobre su proyecto, donde no aplican a cabalidad las leyes de ni un Estado ni del otro, actuando con una suerte de jurisprudencia propia, hasta ahora no regulada.

Expansión a Centroamérica y ejemplo de El Salvador

De hecho, otra característica común en el continente es que los países han permitido la vertiginosa avanzada de la mega minería, que ha logrado expandir sus inversiones incluso a sitios que no eran países mineros como Argentina, Ecuador o algunos centroamericanos como Guatemala y Honduras.

Entre ellos destaca el caso de El Salvador, donde recién el 2004 se comenzaron a levantar los primeros proyectos. Allí, los ciudadanos, considerando la experiencia sudamericana, tomaron posición y concluyeron que los impactos ambientales que se derivan de la minería superan por mucho los ingresos que ésta genera.

Por lo mismo, han exigido a las autoridades que no se invierta en la materia. Edgardo Mira, integrante del Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Investigación y Comercio (Ceicom), afirmó que están en una moratoria de hecho, lo que valoró, pero dijo que “no es suficiente” cuando estima que gran parte de la población en El Salvador considera que no debería haber minería. Por consiguiente, afirmó que su bandera de lucha es que haya una ley que, de forma explícita, prohíba la minería metálica.

El salvadoreño afirmó que una ley debe dirimirse en la Asamblea Legislativa, es decir el Congreso Nacional y allí entran otros intereses. Por lo mismo, mientras se realiza el trámite legislativo están pidiendo que el Presidente emita un decreto para prohibir la actividad minera. Sin embargo, mientras, las mineras no ceden y siguen afectando fuertemente las aguas, una de sus principales preocupaciones.

En ese sentido, Mira afirmó que se debe dar un salto desde la formación de comunidades de resistencia para entrar e incidir en el debate de políticas públicas en los distintos países, regulando los elementos estructurales que norman este tipo de actividades y sus consecuencias para la población.